Las recientes elecciones internas en el Poder Judicial marcaron un precedente inédito en la historia jurídica del país. En un contexto de alta polarización y con la reforma judicial en la mira, los resultados ya están definidos: nuevos perfiles, desde jueces hasta magistrados, ocuparán cargos clave tanto a nivel federal como estatal. En Durango, el proceso no estuvo exento de tensiones, pero avanzó bajo un fuerte escrutinio ciudadano y político.
Lo positivo de esta elección es la apertura hacia un sistema más participativo y transparente. Por primera vez, sectores antes excluidos pudieron influir en la configuración del aparato judicial. Se percibe un intento por acercar la justicia a la ciudadanía, combatir el nepotismo y oxigenar un sistema tradicionalmente rígido. En Durango, esto podría significar una mayor cercanía del Poder Judicial con causas sociales y una mejor atención a los rezagos en la impartición de justicia.
Pero también hay focos rojos. El riesgo de politización en el nombramiento de jueces, lo que podría minar la autonomía judicial. La falta de experiencia de algunos perfiles electos y su posible cercanía con grupos políticos encienden alertas. En Durango, esto cobra relevancia ante antecedentes como la postulación de personajes con historial polémico.
La reforma judicial no es sólo un cambio de nombres, es una transformación estructural con implicaciones profundas. Su implementación definirá si se consolida un Poder Judicial independiente o si se allana el camino hacia una justicia subordinada. Lo que está en juego no es menor: se trata de la credibilidad y legitimidad de las instituciones.
La reforma judicial no es sólo un cambio de nombres, es una prueba de fuego: o se transforma la justicia o se institucionaliza la obediencia. Lo que viene pondrá a prueba hasta qué punto México quiere jueces, o sólo administradores del poder.