Una crisis económica silenciosa, pero implacable, está obligando a las empresas de Durango a bajar sus persianas, reducir su producción y despedir trabajadores, configurando un escenario de incertidumbre que afecta a todos los sectores. La advertencia lanzada días atrás por el secretario de Desarrollo Económico se ha materializado en una desaceleración tangible, principalmente en el rubro manufacturero, que ha optado por recortar personal ante la caída en la demanda. Este fenómeno, combinado con una percepción de inseguridad del 49.6% según el INEGI, ha creado una tormenta perfecta que amenaza con convertir 2026 en un año extremadamente complicado para la economía estatal.
El secretario de Desarrollo Económico fue quien alertó inicialmente sobre esta situación, confirmando que varias empresas, especialmente manufactureras, habían comenzado a reducir su producción y, en consecuencia, su plantilla laboral. Los afectados directos son los trabajadores formales que han perdido sus empleos, los dueños de pequeños y medianos negocios que han tenido que cerrar definitivamente, y las familias duranguenses que ven disminuir su poder adquisitivo en un entorno donde la falta de liquidez en el mercado se siente como una nueva pandemia económica.
La forma en que se manifiesta esta crisis es a través de múltiples frentes. En el sector manufacturero, empresas que exportan sus productos han cesado parcialmente sus operaciones. En el comercio, la venta de automóviles nuevos ha disminuido drásticamente debido al aumento de precios, la baja en los ingresos familiares y el impacto de problemas sociales. Los negocios de todos los tamaños se ven forzados a reducir gastos y replantear sus estrategias para mantener una viabilidad cada vez más frágil en un entorno económico volátil.
Se prevé, que será un 2026 particularmente difícil. Los efectos ya se sienten: recortes presupuestales en los tres niveles de gobierno, pérdida de empleos formales y un crecimiento preocupante del trabajo informal. La falta de circulante en el estado es ya palpable, afectando la capacidad de consumo de las familias y la operación normal del comercio local.
La percepción de inseguridad, que alcanza al 49.6% de la población, se ha convertido en un factor adicional que frena la actividad económica y profundiza la recesión. Esta situación no es solo una estadística; es la realidad que viven miles de duranguenses que ven cómo sus oportunidades económicas se reducen mientras aumentan los cierres de negocios y los despidos. La resiliencia de trabajadores, empresas y familias está siendo puesta a prueba frente a lo que muchos comienzan a percibir como una pandemia económica de efectos tan devastadores como la sanitaria.