Especialistas y docentes señalaron que la prevención de la violencia escolar requiere atender factores familiares, sociales e institucionales, además de fortalecer la atención a la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
Esto una semana después de los hechos violentos registrados en la Escuela Secundaria General número 13, en el ejido La Unión, en Torreón, donde murió la subdirectora y cuatro personas más resultaron lesionadas.
La psicóloga Adriana Romo consideró que este tipo de situaciones no debe atribuirse exclusivamente a las familias, sino analizarse desde una perspectiva amplia que incluya las responsabilidades de distintos sectores de la sociedad.
"Le fallamos toda la sociedad. Creo que es muy cómodo y muy fácil culpar solamente a la familia, a la mamá. No, eso es muy simplista", expresó.
Su planteamiento apunta a la necesidad de revisar las condiciones que rodean el desarrollo de menores de edad y las herramientas disponibles para identificar riesgos, ofrecer acompañamiento oportuno y prevenir conductas violentas.

Identifican factores de riesgo dentro y fuera de las escuelas
Entre los factores mencionados por los especialistas se encuentran la exposición a contenidos violentos en redes sociales y otros espacios digitales sin supervisión, la violencia en el entorno familiar y social, las largas jornadas laborales de madres, padres y personas cuidadoras, así como las dificultades para acceder a servicios de salud mental.
También señalaron la importancia de contar con figuras adultas de autoridad y confianza, capaces de establecer límites, escuchar a los menores e identificar cambios de comportamiento.
El docente Efraín Ramírez consideró que la falta de herramientas para ejercer la autoridad en las escuelas puede dificultar la atención de problemas de conducta desde los primeros años de formación. "No tenemos autoridad, en ese sentido el dejar de corregir al niño desde primaria", señaló.
Ramírez agregó que algunos docentes pueden sentir temor de llamar la atención a los estudiantes ante la posibilidad de enfrentar sanciones laborales. Su testimonio refleja una preocupación del personal educativo sobre cómo establecer límites y atender situaciones de conducta dentro de los planteles.
No obstante, la prevención de la violencia requiere distinguir entre los problemas de disciplina y las señales que pueden indicar una situación de riesgo. La atención de cada caso debe considerar sus circunstancias y evitar conclusiones anticipadas sobre las causas de un comportamiento.
Piden ampliar la atención psicológica en las escuelas
Otro de los planteamientos expuestos por docentes y especialistas es la necesidad de aumentar la disponibilidad de profesionales de la salud mental en los centros educativos.
El docente Carlos Raigoso sostuvo que las escuelas necesitan personal especializado para atender las necesidades emocionales y conductuales de sus estudiantes.
"Necesitamos de perdido un psicólogo para cada escuela para tratar a los muchachos", expresó.
La propuesta busca que los alumnos tengan acceso a orientación profesional dentro de sus planteles y que las dificultades emocionales puedan identificarse antes de que escalen. La presencia de especialistas también podría facilitar la canalización de estudiantes que requieran atención adicional, en coordinación con sus familias y los servicios de salud.
Por su parte, Adriana Romo advirtió que la prevención necesita convertirse en una política pública sostenida y no limitarse a acciones posteriores a un hecho violento.
"Si no se hace algo más contundente, si no se diseñan y se llevan a cabo políticas públicas de prevención en cuestión de salud mental, el futuro de muchos niños, niñas y adolescentes, en este aspecto, no es muy favorable", señaló.
Las declaraciones de la psicóloga y los docentes coinciden en la necesidad de atender la salud mental, fortalecer el acompañamiento familiar y escolar, y mejorar las condiciones para que el personal educativo pueda intervenir ante situaciones de riesgo.
A raíz de lo ocurrido en la Secundaria General número 13, el debate sobre la prevención también abarca los mecanismos de detección temprana, la atención psicológica y la coordinación entre escuelas, familias y autoridades. Los especialistas advierten que estos esfuerzos deben extenderse a otros espacios donde conviven niñas, niños y adolescentes, sin asumir que la violencia se origina en un solo entorno o responde a una causa única.