Dos exagentes de la Fiscalía General del Estado, quienes laboraban en la región Laguna, se encuentran recluidos en el Centro de Readaptación Social No. 1 por su presunta participación en el delito de extorsión, informó el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal.
El mandatario estatal detalló que ambos exfuncionarios fueron vinculados a proceso el pasado viernes y que el juez concedió un plazo de tres meses para el desarrollo de una investigación complementaria. Señaló que estos casos se enmarcan ya en la nueva Ley de Extorsión, la cual contempla penas que van de los 15 a los 50 años de prisión.
"Con esta nueva ley las sanciones son severas, para que le vayan midiendo quienes están metidos en este problema", expresó Villegas Villarreal, al subrayar que no habrá tolerancia para quienes incurran en este tipo de delitos, incluso si se trata de exservidores públicos.
El gobernador informó además que, como parte de las acciones emprendidas, también fue detenida una Defensora Pública por el mismo delito, lo que refuerza, dijo, el mensaje de que no habrá excepciones ni protección para nadie.
"Vamos con todo, de frente, sea quien sea. Independientemente del nivel del funcionario, la indicación es muy clara: no vamos a permitir que esto suceda en Durango", afirmó el titular del Ejecutivo estatal.
Villegas Villarreal sostuvo que estas detenciones forman parte de una estrategia para combatir de manera frontal la extorsión, un delito que afecta de forma directa a la ciudadanía y que, en algunos casos, ha sido vinculado con la actuación indebida de servidores públicos.
En ese contexto, anunció que este lunes enviará al Congreso del Estado una iniciativa para homologar la Ley de Extorsión, con el objetivo de fortalecer el marco legal y garantizar que las sanciones se apliquen de manera uniforme y contundente en la entidad.
El gobernador consideró que la armonización de esta ley permitirá a las autoridades contar con mejores herramientas jurídicas para perseguir este delito y cerrar espacios a la impunidad.
Finalmente, reiteró que su administración mantendrá una política de cero tolerancia frente a la extorsión y a cualquier conducta ilegal, especialmente cuando involucre a funcionarios o exfuncionarios, y aseguró que se continuará actuando con firmeza para preservar la seguridad y el estado de derecho en Durango.