Exempleados exigen al Congreso cumplir sentencia laboral ignorada en Nombre de Dios

La justicia laboral parece tener una orden escrita, pero no la voluntad política para cumplirla. Un grupo de extrabajadores del Ayuntamiento de Nombre de Dios, despedidos hace dos años, ha llevado su desesperación hasta las puertas del Congreso del Estado, exigiendo que los diputados intercedan para que la actual administración municipal cumpla con una sentencia judicial que los favorece y que hasta hoy permanece como letra muerta.

Los trabajadores, quienes fueron separados de sus empleos en el gobierno municipal, se manifestaron este martes en las instalaciones del Poder Legislativo. Su principal demanda fue la intervención directa del diputado Osvaldo Santillán, quien representa territorialmente al municipio de Nombre de Dios, para que actúe como mediador y garante ante la inacción de la presidencia municipal.

El núcleo del reclamo es el incumplimiento de un fallo judicial. Los manifestantes explicaron que un juez ya emitió una sentencia a su favor, ordenando al Ayuntamiento el pago de sus finiquitos y sueldos caídos correspondientes al periodo posterior a su despido. Sin embargo, denunciaron que la actual presidenta municipal, Nancy Vásquez, se ha negado a acatar la resolución judicial, dejándolos en un limbo legal y financiero.

Ante esta situación, los ex empleados pidieron formalmente al Congreso del Estado que utilice sus facultades para intervenir y obligar al gobierno municipal a respetar la ley. Su exigencia es clara: que el órgano legislativo garantice que el fallo judicial sea cumplido y que se liquiden de inmediato todas las obligaciones económicas pendientes que tienen con ellos.

Este caso expone una grave fractura entre el poder judicial y el poder ejecutivo municipal, donde una sentencia no es suficiente para hacer valer los derechos de los trabajadores. La protesta en el Congreso es el último recurso de un grupo que, tras dos años de espera, ha visto cómo un documento legal con fuerza de ley es ignorado por las mismas autoridades que deberían velar por su cumplimiento, dejando en evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la impunidad institucional.