Extorsiones en Durango: entre la disminución oficial y el subregistro preocupante

En Durango, las cifras oficiales de extorsión muestran una tendencia a la baja en los últimos años, aunque persiste un preocupante subregistro debido a la desconfianza ciudadana en las autoridades. Según datos de la Fiscalía del Estado, en 2023 se presentaron 40 denuncias por este delito, la cifra más baja de la década, mientras que en 2024 se registraron 35 casos, lo que representa una disminución del 12.5%. Durante los primeros meses de 2025, solo se reportaron 3 denuncias entre enero y febrero, frente a las 8 del mismo periodo en 2024.

Sin embargo, testimonios recogidos en redes sociales y entrevistas informales revelan que las llamadas extorsivas continúan siendo frecuentes, particularmente aquellas que amenazan con daños a familiares o negocios si no se realiza un pago. Este contraste entre las cifras oficiales y la percepción ciudadana evidencia los desafíos en la procuración de justicia para este delito que, según el Código Penal de Durango, puede castigarse con penas de 4 a 12 años de prisión, además de multas proporcionales al monto exigido.

Ante esta situación, organizaciones civiles y expertos en seguridad han señalado la necesidad de implementar estrategias exitosas aplicadas en otros estados. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el "Operativo Justicia" logró reducir las extorsiones en un 50% en tres años mediante presencia policial focalizada, protocolos anticorrupción e incentivos económicos para denunciantes. Por su parte, Monterrey, Nuevo León, implementó un canal directo de denuncia anónima y ofreció acompañamiento especializado a víctimas, lo que aumentó la confianza en las autoridades y redujo el subregistro.

En Durango, si bien existen programas generales de atención a víctimas del delito -tanto estatales como federales-, aún faltan mecanismos específicos para casos de extorsión. El INEGI y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024) incluyen protocolos de atención, pero su aplicación es irregular, especialmente en zonas rurales donde el acceso a la justicia es más limitado.

Para mejorar el combate a este delito, especialistas recomiendan establecer canales de denuncia anónimos y seguros, fortalecer las unidades especializadas en ciberdelitos (dado que muchas extorsiones ocurren por esta vía) y ofrecer acompañamiento integral a las víctimas, incluyendo apoyo legal, psicológico y administrativo. También sugieren campañas de concientización para empoderar a la ciudadanía y fomentar la cultura de la denuncia.

Mientras las autoridades destacan la disminución en las estadísticas oficiales, el reto principal sigue siendo generar confianza en la población para que reporte estos delitos y garantizar que, una vez presentadas las denuncias, se investiguen con eficacia y se judicialice a los responsables. Solo así se podrá romper el círculo de impunidad que favorece la permanencia de este delito en la entidad.