Familias en Durango pierden certeza patrimonial por trámites imposibles

En Durango, un número significativo de familias enfrenta una problemática que pone en jaque la seguridad de su patrimonio: la dificultad para realizar el cambio de propietario de un inmueble y la obtención de las escrituras legales que acrediten su propiedad. Este trámite, que debería ser un procedimiento administrativo claro, se ha convertido en un proceso largo, tedioso y a menudo inaccesible para muchos ciudadanos, generando un estado de incertidumbre jurídica que puede prolongarse por años. La situación se agrava ante la amenaza constante de invasiones a predios cuyos dueños carecen de una documentación sólida para defender sus derechos.

Quienes sufren las consecuencias de este laberinto burocrático son principalmente familias de clase media y baja que, en muchos casos, heredaron una propiedad o la adquirieron mediante contratos informales hace décadas. Estas personas, que solo buscan regularizar su situación para tener la tranquilidad de un hogar seguro, se ven atrapadas entre requerimientos excesivos, costos inesperados y una lentitud institucional que parece insuperable. El problema los coloca en una posición de vulnerabilidad, donde su mayor inversión de vida puede verse disputada o incluso perdida.

La forma en que se manifiesta el problema es a través de un circuito complejo de trámites. Las familias deben demostrar la legitimidad de la posesión del inmueble ante el Registro Público de la Propiedad, un proceso que requiere presentar una cadena documental de transmisión de derechos que a menudo se ha perdido con el tiempo o nunca existió de manera formal. Cuando se trata de una herencia, la falta de un testamento o la declaración de herederos complica aún más el proceso. Esta maraña legal genera un limbo en el que, aunque la familia haya vivido en la propiedad por generaciones, legalmente no pueden acreditarse como dueños, impidiendo la venta, la donación o incluso el acceso a créditos hipotecarios.

El momento en que esta crisis se ha hecho más evidente es en la actualidad, aunque se arrastra desde hace años. Datos de la Fiscalía General del Estado para el primer trimestre de 2025 revelan la magnitud del conflicto, con 365 denuncias por fraude inmobiliario registradas a nivel estatal en sólo tres meses. Esta cifra es un indicador de la desprotección en la que se encuentran muchas propiedades y de la falta de una cultura de prevención entre la ciudadanía, que regulariza sus derechos solo cuando surge un conflicto, momento en el que ya es demasiado tarde.

El lugar donde se concentra la mayoría de estos casos es el municipio de Durango, particularmente en colonias populares y asentamientos irregulares donde los procesos de urbanización no fueron acompañados por una correcta titulación. La incapacidad para escriturar no solo afecta la economía familiar, sino que debilita el mercado formal de vivienda y fomenta la informalidad. La solución requiere de una intervención decidida de las autoridades para simplificar los trámites, abaratar costos y generar campañas masivas de regularización que prioricen el derecho a la vivienda digna por encima de la rigidez burocrática, garantizando así la certeza jurídica que toda familia merece sobre su hogar.