Fiscalía de Durango: entre la politización y los retos operativos
La Fiscalía General del Estado de Durango enfrenta una crisis de credibilidad que compromete su capacidad para garantizar justicia a los ciudadanos. El origen del problema se remonta al controvertido proceso de designación del fiscal actual, realizado sin convocatoria pública y mediante decisión directa del gobernador, lo que generó cuestionamientos sobre su independencia política. Con un presupuesto de 586 millones de pesos en 2022, la institución muestra graves deficiencias operativas: solo una fracción mínima de las más de 100,000 carpetas de investigación anuales logra llegar a juicio, especialmente en delitos de corrupción, violencia familiar y contra la propiedad.
El sistema adolece de fallas estructurales que perpetúan la impunidad. Los ministerios públicos trabajan con cargas laborales excesivas -en algunos casos atendiendo hasta 150 investigaciones simultáneamente- mientras que la escasez de peritos especializados retrasa los procesos. Esto deriva en plazos inaceptables: una denuncia promedio tarda entre 18 meses y 3 años en avanzar a juicio. Peor aún, aproximadamente el 60% de los casos se archivan bajo el argumento de "insuficiencia de pruebas", muchas veces sin investigaciones exhaustivas.
La percepción ciudadana refleja este deterioro. Encuestas locales muestran que 7 de cada 10 duranguenses consideran inútil denunciar delitos ante la Fiscalía, ya que prevén que no habrá consecuencias para los responsables. Esta desconfianza se agrava con casos emblemáticos de presunta impunidad selectiva, donde personas vinculadas a grupos de poder parecen recibir trato preferencial.
Expertos en seguridad y derechos humanos coinciden en que se requiere una reforma integral que garantice: 1) Autonomía real mediante procesos de selección transparentes; 2) Mayor presupuesto para personal especializado; 3) Mecanismos de rendición de cuentas; y 4) Sistemas de seguimiento de carpetas de investigación. Mientras no se atiendan estos aspectos, la Fiscalía de Durango seguirá siendo percibida como una institución politizada e ineficaz, lejos de cumplir su mandato constitucional de procurar justicia.
