La fiscal general del Estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, informó que durante 2024 se registraron 10 feminicidios en Durango, todos con sentencia condenatoria. En lo que va de 2025, se han documentado seis casos, en los que los presuntos responsables ya fueron vinculados a proceso y actualmente se encuentran en etapa intermedia.
De la Garza destacó que, desde el inicio de la actual administración estatal, la incidencia de este delito muestra una reducción del 57%. Sin embargo, advirtió que más allá de las cifras, el objetivo principal es garantizar consecuencias claras para quienes cometen feminicidios y enviar un mensaje contundente de que no habrá impunidad.
"No se trata solo de decir que el feminicidio disminuye, sino de que la sociedad vea que hay consecuencias. En Durango no se toleran este tipo de crímenes. No habrá tolerancia para nadie, y se actuará con firmeza contra los delitos que más dañan a la sociedad, como los feminicidios y los cometidos contra niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad", señaló la fiscal.
La funcionaria enfatizó que la coordinación con jueces, ministerios públicos y corporaciones de seguridad ha permitido avanzar en la judicialización de los casos, lo que se refleja en un mayor número de sentencias condenatorias. Este enfoque, agregó, busca no solo sancionar, sino también prevenir al generar confianza en las víctimas y en sus familias.
Previo a su participación en la glosa del Tercer Informe de Gobierno en el Congreso del Estado, la fiscal reiteró que la estrategia de la institución se centra en tres ejes: la investigación técnica y científica de los delitos, la protección de víctimas y testigos, y la capacitación permanente del personal ministerial en perspectiva de género y derechos humanos.
El reporte presentado refleja que, aunque persisten casos de violencia letal contra mujeres, la Fiscalía mantiene una línea de cero tolerancia frente a los responsables. El reto, reconoció De la Garza, es sostener la disminución de la incidencia y fortalecer los mecanismos de prevención en coordinación con otras instancias gubernamentales y la sociedad civil.