Fraudes en rentas podrían castigarse hasta con 12 años de cárcel

Los fraudes cometidos mediante falsas ofertas de renta de casas y departamentos, principalmente a través de redes sociales, podrían alcanzar penas de hasta 12 años de prisión en Durango. Ante el incremento de este tipo de engaños, conocidos popularmente como montarrentas, el Congreso del Estado prepara una iniciativa para modificar el Código Penal y establecer sanciones específicas contra quienes utilizan anuncios falsos para despojar a las familias de sus ahorros.

El diputado Alejandro Mojica explicó que esta propuesta surge de las denuncias y solicitudes de ciudadanos que han sido víctimas de personas que se hacen pasar por propietarios de inmuebles o representantes de supuestas empresas inmobiliarias para ofrecer viviendas que en realidad no les pertenecen o ni siquiera existen.

El legislador reconoció que se trata de nuevas modalidades de fraude que aprovechan la tecnología y las redes sociales para aparentar legalidad, utilizando fotografías, descripciones detalladas, números de contacto e incluso cuentas bancarias donde solicitan depósitos por concepto de anticipos o apartados.

Aprovechan las redes sociales para engañar

Mojica señaló que, aunque hasta el momento tiene conocimiento directo de dos casos registrados durante octubre, las personas que se han acercado a plantear esta problemática advierten que la práctica comienza a ser recurrente.

Explicó que el procedimiento suele ser similar: los responsables publican fotografías de viviendas, establecen contacto con los interesados, se presentan como propietarios o intermediarios autorizados y solicitan dinero para asegurar la renta del inmueble.

Sin embargo, una vez que reciben los depósitos, desaparecen y cortan toda comunicación con las víctimas, quienes posteriormente descubren que la supuesta empresa inmobiliaria no existe o que la persona que ofrecía la vivienda nunca tuvo relación con el inmueble.

El diputado consideró que estas conductas no pueden quedar sin consecuencias bajo el argumento de que las personas entregaron voluntariamente su dinero, pues los pagos se realizan bajo el engaño de recibir un servicio que nunca existió.

Buscan incorporar el delito al Código Penal

El legislador adelantó que la iniciativa de modificación al Código Penal del Estado busca que este tipo de prácticas puedan castigarse con hasta 12 años de prisión.

Indicó que actualmente los llamados montarrentas no están contemplados de manera específica en la regulación estatal, por lo que consideran necesario actualizar las disposiciones legales para responder a las nuevas formas de cometer fraudes.

Sostuvo que el objetivo es dejar claridad sobre las consecuencias legales para quienes simulan ofrecer una vivienda en renta, engañan a los interesados y obtienen beneficios económicos mediante anticipos o depósitos.

Mojica insistió en que la legislación debe avanzar conforme aparecen nuevas modalidades delictivas y no esperar a que el número de afectados aumente para comenzar a tomar medidas.

Inmobiliarias también deben cumplir con requisitos

Cuestionado sobre la necesidad de reforzar la regulación de las empresas inmobiliarias, el diputado recordó que ya existe una Ley de Servicios Inmobiliarios, presentada por él y aprobada por unanimidad, que establece obligaciones para quienes ofrecen servicios relacionados con la renta y comercialización de viviendas.

Entre estas disposiciones se encuentra la necesidad de que los agentes y empresas del sector estén debidamente registrados y certificados para ofrecer sus servicios.

No obstante, reconoció que el problema de los montarrentas representa un reto adicional, debido a que quienes cometen estos fraudes pueden operar desde perfiles de redes sociales y utilizar identidades o representaciones falsas.

Finalmente, el diputado señaló que la iniciativa busca atender una preocupación que ya llegó al Congreso a través de ciudadanos afectados, pues detrás de cada depósito perdido puede estar el esfuerzo de una familia que reunió sus ahorros con la intención de conseguir una vivienda.

La propuesta pretende llevar este tipo de engaños al terreno de sanciones penales más severas, aunque su alcance dependerá de la aprobación de la reforma y de la forma en que se establezcan los elementos del delito.