La privatización del espacio público en Torreón no se limita a ambulantes o pequeños comerciantes que colocan mesas o construyen locales improvisados. También grandes empresarios participan en esta dinámica, pero a diferencia de los primeros, lo hacen con el respaldo de las autoridades municipales.
Un ejemplo claro es la concesión otorgada a la inmobiliaria Caredo S.A. de C.V., aprobada por el Cabildo de Torreón el 9 de agosto de 2024, lo que permite el uso por 35 años de una fracción vial perteneciente al sistema vial Cuatro Caminos.
"Se aprueba por mayoría de votos la solicitud realizada por la persona moral denominada inmobiliaria Caredo SA de CV para que le sea otorgada por un periodo de 35 años la concesión de uso de suelo de una fracción vial de la infraestructura pública del sistema vial Cuatro Caminos", leyó el entonces regidor Tiburcio Sánchez, en la Quincuagésima quinta sesión ordinaria de Cabildo, para dar paso a la votación general.
Aunque la concesión fue avalada por mayoría, algunos regidores votaron en contra. A pesar de ello, la decisión fue ejecutada bajo el argumento de que la empresa realizará una inversión significativa en el espacio público.
El acuerdo estipula un área de 1,431 m² así como una inversión de 10 millones de pesos por parte de la empresa para la creación y acondicionamiento de un parque lineal que contará con áreas verdes, terrazas con sombra, locales comerciales y un espacio destinado al Instituto de Emprendimiento de Torreón.
"Únicamente exhortar a que todas las áreas involucradas estén muy al pendiente para que la parte que está solicitando esta concesión dé cabal cumplimiento a cada una de las cosas que quedan plasmadas en esta solicitud", dijo el entonces regidor Javier Gómez, quien votó en contra.
Sin embargo, este no es un caso aislado. Otros espacios públicos como la Unidad Deportiva Torreón también presentan restricciones al acceso libre, ya que su administración está en manos de un patronato que impone cuotas para el uso de sus instalaciones.
De esta forma, locatarios, ambulantes, comerciantes, empresarios e incluso patronatos ocupan espacios públicos que, con o sin aval oficial, restringen el derecho de la ciudadanía al libre tránsito y uso de la ciudad.