Hacinamiento persiste en cuatro municipios de Durango: COESVI

En Durango, cuatro municipios concentran los niveles más altos de hacinamiento: la capital, Gómez Palacio, Lerdo y Pueblo Nuevo. En estas localidades se han detectado viviendas donde llegan a convivir entre 10 y 12 personas en espacios reducidos, informó el titular de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (oCesvi), Jaime Fernández Saracho.

El funcionario explicó que, aunque se han realizado esfuerzos para reducir el rezago en materia habitacional, los avances no han sido suficientes para atender la demanda. Uno de los principales factores que alimenta esta problemática es la migración interna. "Cuando las condiciones del campo no son favorables, muchas familias dejan las comunidades rurales y se trasladan a la ciudad; ahí enfrentan el problema de conseguir dónde vivir", señaló.

De acuerdo con la Coesvi, este fenómeno provoca que grupos familiares compartan viviendas diseñadas para un número mucho menor de habitantes, lo que impacta en la calidad de vida y en la seguridad de los hogares. Aunado a ello, la irregularidad en la tenencia de la tierra y el encarecimiento del suelo urbano dificultan la construcción de nuevas casas accesibles.

Fernández Saracho reconoció que el rezago habitacional no se limita al número de viviendas disponibles, sino también a la falta de servicios básicos y condiciones adecuadas en muchas de las casas existentes. Dijo que la estrategia del organismo se orienta a buscar alternativas de suelo urbanizable, impulsar programas de autoconstrucción asistida y gestionar apoyos con la Federación para atender los municipios más afectados.

El funcionario agregó que se trabaja en coordinación con los ayuntamientos para identificar terrenos viables para futuros desarrollos habitacionales, con la intención de reducir la presión sobre las zonas urbanas donde el crecimiento poblacional ha sido más acelerado.

El hacinamiento, subrayó, no solo refleja carencias en infraestructura de vivienda, sino también desigualdad en el acceso a oportunidades laborales y servicios. Por ello, la Comisión insistió en que cualquier política de vivienda debe estar vinculada a estrategias de desarrollo económico y social que reduzcan la migración forzada del campo hacia las ciudades.