Informalidad en Durango, uno de los principales pendientes municipales

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Durango, Raúl Montelongo Nevárez, señaló que la informalidad laboral y comercial representa uno de los mayores retos para el gobierno municipal, ya que actualmente alcanza el 55 por ciento de la actividad económica en la capital.

De acuerdo con el dirigente empresarial, este fenómeno afecta directamente a todos los sectores productivos, desde pequeños negocios hasta grandes empresas, debido a la competencia desigual que genera. "Es un problema que no solo limita el crecimiento económico, también impacta en la recaudación fiscal, en la generación de empleo formal y en la posibilidad de brindar seguridad social a los trabajadores", apuntó.

Montelongo consideró que el incremento de la informalidad está relacionado con la falta de regulación efectiva en la vía pública y con la ausencia de incentivos para la formalización de los pequeños comerciantes. Ante este panorama, urgió a que se establezcan mecanismos de control y políticas públicas que equilibren la situación.

El líder empresarial advirtió que la solución no recae únicamente en la autoridad municipal. A su juicio, también será necesario legislar en la materia para que existan marcos normativos más claros que regulen la venta ambulante, el uso del espacio público y los mecanismos de incorporación al comercio formal.

Asimismo, destacó que la informalidad no solo implica un problema económico, sino también de seguridad. La falta de registros y controles adecuados dificulta supervisar las condiciones en las que se desarrollan estas actividades, lo que en algunos casos puede derivar en riesgos para la población.

Montelongo insistió en que el sector empresarial está dispuesto a colaborar con las autoridades para diseñar estrategias conjuntas. No obstante, subrayó que el tema no puede seguir postergándose, ya que el crecimiento de la informalidad frena la competitividad de Durango frente a otras regiones.

El CCE planteará este tema como prioritario en la agenda de diálogo con el ayuntamiento, en busca de que la nueva administración asuma compromisos concretos para revertir la tendencia y generar condiciones más equitativas para el desarrollo económico local.