Instalan mesas de trabajo por tema de apoyos a personas con discapacidad

La esperanza de universalizar el apoyo económico para personas con discapacidad en Durango deberá esperar, luego de que una reunión clave entre la Delegación de Programas para el Bienestar y el Gobierno del Estado concluyera sin un acuerdo concreto. A pesar de la instalación de mesas de trabajo en las que participaron representantes del Sistema DIF Estatal y del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), las partes no lograron concretar el convenio necesario para ampliar la cobertura y garantizar un acceso equitativo a estos recursos federales, dejando en el limbo a una de las poblaciones más vulnerables de la entidad.

La reunión congregó a funcionarios de alto nivel de la Delegación de Programas para el Bienestar, quienes acudieron con la propuesta de formalizar un convenio de colaboración. Del otro lado de la mesa se encontraban representantes del Gobierno del Estado, específicamente del Sistema DIF Estatal y del CREE, instituciones que trabajan directamente con la comunidad de personas con discapacidad. Los afectados directos por la falta de acuerdo son las miles de personas con discapacidad en Durango que buscan acceder a este apoyo económico, cuyo alcance universal depende de la firma de este instrumento legal.

La forma en que se desarrolló el encuentro fue a través de mesas de trabajo técnicas, donde se analizaron los pormenores de la propuesta para universalizar el programa. La estrategia busca precisamente ampliar la cobertura y garantizar que el acceso a los apoyos sea equitativo en todo el territorio estatal. Sin embargo, el diálogo, aunque se llevó a cabo, no fue suficiente para destrabar los puntos de desacuerdo que impidieron la firma del convenio. El área de comunicación social de la delegación federal fue la encargada de informar oficialmente el resultado infructuoso de la reunión.

El momento de este encuentro fallido ocurre en un contexto de creciente demanda por parte de la comunidad con discapacidad, que ve en estos apoyos económicos una herramienta vital para su autonomía y calidad de vida. La falta de avance representa un retroceso en los esfuerzos por cerrar las brechas de desigualdad que afectan a este sector de la población.

La determinación de ambas partes de continuar el diálogo y convocar a una nueva reunión es el único aspecto positivo que surge de este intento fallido. Mientras tanto, las personas con discapacidad y sus familias permanecen a la espera de que las autoridades estatales y federales superen sus diferencias y prioricen la firma de un convenio que materialice un derecho largamente esperado. La universalización de este apoyo no es solo una promesa política, sino una deuda pendiente con una comunidad que merece vivir con dignidad y plena inclusión.