Jóvenes infractores en Durango: entre la reinserción y los desafíos sociales

En Durango, el sistema de justicia para adolescentes ha experimentado cambios significativos en los últimos años. Mientras en 2017 solo el 17% de los menores infractores cumplían sus sanciones en centros especializados, para 2022 esta cifra aumentó a 30.2%, y a principios de 2024 el Tribunal para Menores Infractores reportó que aproximadamente el 54% de los jóvenes se encontraban en proceso judicial. Estos datos reflejan un endurecimiento en las medidas aplicadas a adolescentes que cometen delitos, pero también plantean el desafío de garantizar su adecuada reintegración social.

El Centro Especializado de Reintegración y Tratamiento para Menores Infractores ha implementado programas educativos, laborales y terapéuticos que muestran resultados alentadores. En mayo de 2024, la institución albergaba a 11 jóvenes acusados de delitos graves y reportaba 0% de reincidencia entre sus egresados, gracias a un modelo que combina educación formal, capacitación laboral, terapia psicológica y acompañamiento familiar.

Uno de los proyectos más destacados es el programa "Reconecta con la Paz", impulsado desde principios de 2025, que ofrece a los jóvenes infractores oportunidades de estudio, empleo temporal, actividades culturales y deportivas. Las autoridades judiciales respaldan esta iniciativa como un elemento clave para romper el ciclo de reincidencia, pues muchos de estos adolescentes provienen de entornos marcados por la violencia, las adicciones y la falta de oportunidades.

Sin embargo, el mayor reto surge cuando los jóvenes egresan de estos centros. Al reintegrarse a sus comunidades, muchos enfrentan los mismos ambientes hostiles que contribuyeron a su conducta delictiva inicial: familias disfuncionales, presión de grupos criminales, escaso acceso a educación superior y empleos dignos. Esta realidad limita el éxito de los programas de reinserción y aumenta el riesgo de que recaigan en conductas antisociales.

Expertos en justicia juvenil coinciden en que se requiere una estrategia más amplia que trascienda las paredes de los centros de internamiento. Proponen expandir los programas restaurativos a nivel municipal, establecer alianzas con el sector empresarial para generar oportunidades laborales y fortalecer el tejido social en las comunidades más vulnerables. Además, destacan la necesidad de un acompañamiento prolongado que permita a estos jóvenes construir proyectos de vida alejados de la delincuencia.

El caso de Durango refleja un dilema nacional: cómo balancear medidas de seguridad con políticas de prevención y reinserción efectivas. Mientras las autoridades celebran los avances en los centros especializados, organizaciones civiles insisten en que el verdadero éxito se medirá por la capacidad de estos jóvenes para mantenerse fuera del sistema penal una vez recuperen su libertad. Para lograrlo, se necesita no solo rehabilitar individuos, sino transformar las condiciones sociales que alimentan la delincuencia juvenil.