El sistema de justicia penal en Durango enfrenta serias críticas por la aplicación recurrente de sentencias consideradas insuficientes en casos de violencia sexual, particularmente cuando las víctimas son menores de edad. Diversos casos emblemáticos revelan una preocupante tendencia a minimizar estos delitos mediante el uso sistemático de procedimientos abreviados que reducen significativamente las penas.
Entre los ejemplos más alarmantes se encuentra el de un menor condenado en 2020 a solo 6 años y 8 meses de prisión por abusar sexualmente de una niña, cuando el marco legal permitía hasta 14 años de cárcel. Situaciones similares se repitieron en diciembre de 2023, cuando Carlos Vicente Bustamante recibió 6 años por abuso sexual a una menor, y en septiembre del mismo año, cuando Raúl Salvador Castro fue sentenciado a apenas 3 años por tocamientos indebidos a una adolescente.
Organizaciones de defensa de derechos humanos y especialistas en perspectiva de género señalan que estas resoluciones judiciales evidencian múltiples fallas estructurales. Julieta Hernández, activista local, denuncia: "Hay una clara falta de sensibilidad sobre el daño irreparable que causan estos delitos. Las víctimas y sus familias quedan devastadas al ver cómo se minimiza su dolor".
El problema se agrava por la ausencia de programas integrales de reparación del daño que acompañen los procesos penales. Las condenas reducidas, muchas veces producto de negociaciones entre defensas y ministerios públicos, no solo generan desconfianza en el sistema, sino que aumentan el riesgo de reincidencia y envían un mensaje peligroso de impunidad.
Ante este panorama, urge que el Poder Judicial de Durango fortalezca la formación en perspectiva de género de sus operadores, evite la aplicación automática de procedimientos abreviados en delitos sexuales y garantice que las penas reflejen la gravedad de los hechos. Mientras las sentencias sigan siendo percibidas como meros trámites formales sin consecuencias reales para los agresores, las víctimas seguirán sintiendo que la justicia no está de su lado.
La sociedad duranguense espera que las autoridades tomen cartas en este asunto y demuestren con hechos su compromiso real con la erradicación de la violencia sexual, especialmente contra niñas, niños y adolescentes. Solo mediante una justicia firme y ejemplar se podrá reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones.