Los feminicidios en Durango representan una grave problemática que no solo priva de la vida a mujeres, sino que también afecta profundamente a sus familias y comunidades, generando un ambiente de inseguridad y desconfianza. En los últimos 10 años, se han registrado 102 feminicidios en el estado, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Las cifras muestran un aumento preocupante, pasando de 2 casos en 2015 a 18 en 2021 y 2022, con 16 feminicidios reportados hasta noviembre de 2023 y 10 hasta septiembre de 2024. Estos crímenes no solo dejan un vacío irreparable en las familias, sino que también impactan la salud mental de quienes los presencian o son cercanos a las víctimas, generando traumas y miedo en la sociedad.
Para combatir esta problemática, es esencial implementar estrategias de prevención que incluyan educación y sensibilización sobre la violencia de género, así como el fortalecimiento de las instituciones encargadas de atender estos casos. La promoción de la igualdad de género y la participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos son acciones clave que deben ser impulsadas por autoridades, organizaciones y la sociedad en general. Estas medidas deben aplicarse de manera continua y en todos los niveles para garantizar un cambio real y duradero. Además, es fundamental capacitar a los servidores públicos y a la población en general para identificar y prevenir situaciones de riesgo, así como para brindar apoyo a las víctimas de violencia.
En lo que va del año, se han logrado sentencias ejemplares en dos casos de feminicidio en Durango. El primero fue el de Onofre Reyes Villa, quien fue condenado a 37 años y 5 meses de prisión, además de una multa y reparación del daño, por el feminicidio de Juana Villa Javier en Mezquital, Durango. El crimen ocurrió el 6 de septiembre de 2024, cuando la víctima fue golpeada en un camino artesanal. El segundo caso es el de Ángel Molina Cuéllar, esposo de Lupita Rojas Vázquez, quien desapareció el 24 de octubre de 2022 y fue encontrada sin vida el 31 de octubre del mismo año. Molina Cuéllar fue detenido en julio de 2024 en Saltillo, Coahuila, y trasladado al CERESO número uno de Durango, donde fue sentenciado a 77 años, 5 meses y 29 días de prisión, además de una multa de 157 mil pesos y 875 mil como reparación del daño.
Aunque estas sentencias representan un avance en la lucha contra la impunidad, es importante reconocer que nada repara el daño ocasionado por estos crímenes. Además, en casos como el de Lupita Rojas Vázquez, aún falta llevar a juicio a un presunto implicado, lo que refleja la necesidad de continuar trabajando en la investigación y judicialización de estos delitos. La colaboración interinstitucional es fundamental para garantizar que los feminicidios no queden impunes y para prevenir futuros casos. Solo a través de un esfuerzo conjunto entre autoridades, organizaciones y la sociedad se podrá erradicar esta violencia y construir un entorno más seguro para las mujeres en Durango.