La "Ley Silla", normativa que obliga a los empleadores a proporcionar asientos adecuados a trabajadores que permanecen de pie por largas jornadas, ha sido parte de la legislación laboral mexicana desde 1970 al incorporarse al Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, fue hasta 2021 cuando Durango reforzó su aplicación mediante el Reglamento Interior de Trabajo estatal, buscando mejorar las condiciones laborales en sectores como comercios, fábricas y servicios, donde los empleados suelen sufrir problemas de salud como fatiga crónica, dolores musculares y problemas circulatorios.
En Durango, la ley aplica principalmente en el sector privado (tiendas, supermercados, fábricas y restaurantes) y en áreas de atención al público del sector gubernamental. Los requisitos exigen que las sillas sean ergonómicas, con respaldo y altura ajustable, permitiendo su uso cuando no interfieran con las labores del trabajador, como en momentos sin clientes. Aunque desde su implementación se ha observado una disminución en denuncias por condiciones laborales inadecuadas, persisten casos donde los empleadores no cumplen cabalmente con esta disposición.
La mayoría de los trabajadores beneficiados respaldan la medida por su impacto positivo en su bienestar físico. No obstante, algunos pequeños negocios muestran resistencia debido a los costos de implementación, mientras que en establecimientos como tiendas de conveniencia existe desinformación sobre los derechos de los empleados. Es importante destacar que la ley no aplica para trabajos que requieren movimiento constante, labores de seguridad o construcción, ni para empleados en home office.
Las autoridades han establecido sanciones para quienes violen esta disposición, con multas que pueden alcanzar los 25,000 pesos (250 UMAS), además de posibles denuncias ante la Secretaría del Trabajo o la Junta de Conciliación y Arbitraje. A casi tres años de su reforzamiento en Durango, la "Ley Silla" representa un avance en derechos laborales, aunque su aplicación aún enfrenta desafíos. Se requiere mayor difusión sobre sus alcances, tanto entre empleadores como trabajadores, y una supervisión más efectiva para garantizar su cumplimiento pleno, especialmente en pequeños comercios donde persisten las malas prácticas.
Esta normativa no solo busca proteger la salud de los trabajadores, sino también establecer condiciones laborales más humanas en un estado donde el sector comercial y de servicios emplea a miles de personas. Su correcta implementación beneficiaría tanto a los empleados, que verían mejorada su calidad de vida laboral, como a los empleadores, que podrían reducir el ausentismo por problemas de salud relacionados con largas jornadas de pie. La "Ley Silla" en Durango es un paso hacia trabajos más dignos, pero su verdadero impacto dependerá de que se aplique de manera generalizada y consistente en todos los centros de trabajo.