Libertad de expresión en Durango: avances y desafíos pendientes
El ejercicio del periodismo en Durango enfrenta una realidad compleja donde, pese a los avances legislativos e institucionales, persisten amenazas que limitan la plena libertad de expresión. En los últimos años, autoridades estatales han implementado medidas como la Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos (junio 2022), iniciativas para impedir que agresores de comunicadores ocupen cargos públicos (mayo 2025), y el convenio CIRT-CEDHD (diciembre 2024) que promueve capacitación en derechos humanos para medios. Sin embargo, estas acciones no han logrado erradicar completamente el clima de inseguridad que afecta a los profesionales de la información.
El problema se manifiesta en múltiples dimensiones: desde agresiones directas que generan autocensura hasta deficiencias estructurales en la formación de nuevos comunicadores. Testimonios recogidos entre periodistas duranguenses revelan cómo las amenazas y la impunidad en casos de agresiones han creado un ambiente donde muchos prefieren evitar ciertos temas sensibles. Esta situación no solo vulnera derechos laborales, sino que afecta el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna, base fundamental de cualquier democracia.
Un aspecto preocupante es la falta de formación en las escuelas sobre comunicación responsable y verificación de hechos, lo que debilita las bases para un periodismo de calidad en las nuevas generaciones. Expertos señalan que sin esta formación temprana, se perpetúan malas prácticas informativas que luego afectan todo el ecosistema mediático.
Si bien el marco legal existe -con leyes específicas y convenios interinstitucionales-, el reto actual es garantizar su aplicación efectiva. Organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos enfatizan la necesidad de mecanismos ágiles de protección, mayor presupuesto para su implementación y campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la libertad de expresión.
La situación en Durango refleja una paradoja nacional: mientras se crean instrumentos jurídicos avanzados para proteger a los comunicadores, en la práctica muchos periodistas siguen trabajando en condiciones de riesgo. Construir un entorno realmente seguro para el ejercicio periodístico requerirá no solo mantener los esfuerzos institucionales actuales, sino también combatir la impunidad, fortalecer la educación mediática y fomentar una cultura social que valore el periodismo como pilar democrático. El camino hacia una libertad de expresión plena en Durango sigue siendo, por ahora, más una hipótesis que una realidad consolidada.
