Madre exige justicia tras sustracción de su hija por abuela paterna

Una madre en Durango libra una batalla desgarradora contra el tiempo y la indiferencia institucional. Imelda Quintero denuncia que hace poco más de un mes, el 15 de septiembre, su hija mayor fue sustraída de su propio hogar por la abuela paterna mediante engaños, y desde entonces se encuentra sumida en un viacrucis legal donde las evasivas de las autoridades han sido su única respuesta. A pesar de haber interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía, el caso parece estancado, dejando a la menor en un entorno que su madre califica como no idóneo para su desarrollo.

La protagonista de este drama es Imelda Quintero, quien se enfrenta no solo a la ausencia de su hija, sino a una aparente resistencia del sistema. Por otro lado, la abuela paterna es señalada como la responsable de haber llevado a la menor mediante artimañas. Las instituciones involucradas, específicamente la Fiscalía y la Procuraduría de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, son cuestionadas por su lentitud y por haber emitido una orden de restricción que, en la práctica, impide a la madre acercarse a su propia hija, quien permanece bajo la custodia de la abuela.

La forma en que se ha desarrollado este caso es a través de un complejo entramado legal que parece favorecer a una de las partes. Imelda Quintero alega que, a pesar de haber presentado pruebas para demostrar que el entorno familiar paterno no es el más adecuado para la menor, las autoridades no han permitido ningún avance sustancial en la investigación. La orden de restricción, supuestamente emitida para proteger a la niña, se ha convertido en un obstáculo para que la madre pueda defender sus derechos de crianza.

El momento crítico ocurrió el 15 de septiembre, fecha del hecho denunciado. Sin embargo, el verdadero drama se ha desarrollado durante el mes posterior, en el que cada día que pasa sin una resolución representa una eternidad para una madre separada de su hija. La prolongada inacción sugiere una grave negligencia en la procuración de justicia.

El espacio que debería ser el más seguro para cualquier niño y que fue violado mediante engaños. Pero el escenario principal se ha trasladado a las oficinas de la Fiscalía y la Procuraduría en Durango, donde se decide el destino de una familia. La incapacidad de estas instituciones para actuar con celeridad y eficacia no solo perpetúa el dolor de una madre, sino que expone las graves fallas en un sistema diseñado para proteger a los más vulnerables. Cada evasiva, cada día de silencio, es una condena para una niña que merece crecer en un entorno familiar, seguro y estable, y para una madre a la que le está siendo negado su derecho más fundamental: el de cuidar y criar a su hija.