Un conflicto laboral de profundas raíces y múltiples frentes estalla en el sector educativo de Durango, donde la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene un pulso con la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. Los maestros exigen el fin de lo que califican como decisiones unilaterales y el cumplimiento de una larga lista de pendientes económicos y administrativos que se arrastran por años, mientras apuntan directamente contra la comisionada estatal, a quien exigen destituir por presunta intromisión sindical y acoso laboral.
El actor principal de esta confrontación es el SNTE Sección 12, que representa a los trabajadores de la educación tecnológica en la entidad. Quienes se ven afectados directamente son los docentes y personal administrativo que, según el sindicato, cargan con más de una década de incumplimientos. Del otro lado se encuentra la estructura directiva de la DGETI, con un blanco específico: la comisionada estatal Araceli Torres Arellano, señalada por los trabajadores como la responsable de las políticas que han generado el descontento y a quien exigen remover de su cargo de manera inmediata.
La forma en que el sindicato está planteando sus demandas es a través de un pliego petitorio contundente que enumera una serie de agravios económicos y laborales. Entre los puntos más críticos se encuentran el pago de aguinaldos proporcionales y gratificaciones por jubilación que no han sido cubiertos, la liquidación de estímulos por años de servicio que se mantiene en el limbo, y la emisión de constancias de nombramiento que llevan un retraso de hasta doce años. A esto se suman demandas de prestaciones como la canastilla maternal y la ampliación del servicio de guardería.
El momento de este enfrentamiento es ahora, en un contexto donde la paciencia de los agremiados se ha agotado tras años de gestiones infructuosas. La exigencia de destitución de la comisionada Torres Arellano agrega un componente político y personal al conflicto, acusándola de vulnerar la autonomía sindical y de no respetar los acuerdos establecidos, incluso aquellos que cuentan con el aval presidencial.
El lugar donde se desarrolla este conflicto es el sistema de educación tecnológica en el estado de Durango, una red de escuelas que forma técnicos profesionales y que hoy se ve amenazada por la incertidumbre laboral de su planta docente. La solución a este conflicto requiere más que promesas; exige el desembolso de recursos económicos pendientes y un cambio en la dirección de la política laboral por parte de la DGETI. Mientras no se atiendan estas demandas históricas, la calidad educativa y la estabilidad de los trabajadores penden de un hilo, en un pulso que define el futuro de la educación tecnológica en la entidad.