En el centro de Durango los contrastes son evidentes: locales que cumplen con renta, impuestos y permisos, frente a puestos improvisados en la banqueta. Ambos venden productos similares, pero bajo realidades muy distintas: unos buscan sostenerse en la formalidad, otros sobreviven desde la informalidad porque no encontraron mejores oportunidades laborales.
Según el INEGI, el 51.2 % de los empleados en Durango trabajan en la informalidad (segundo trimestre de 2025). Esto representa a casi 390 mil personas que dependen de ingresos sin prestaciones ni seguridad social. El fenómeno no es menor: en el último año la economía informal en Durango creció 14.6 %, colocándolo entre los estados con mayor incremento a nivel nacional.
La Cámara de Comercio estima que más de la mitad de los negocios en el estado son informales, lo que impacta no solo a los comercios formales, sino también a la recaudación y a los empleos regulados.
Detrás de cada puesto ambulante hay otra historia: personas que optan por vender en la calle porque los salarios formales no alcanzan, porque los trámites para abrir un negocio son costosos, o porque simplemente no encontraron una plaza de trabajo estable.
En Durango, uno de cada tres empleados se encuentra en "condiciones críticas de ocupación", es decir, jornadas largas con ingresos insuficientes. Ante esa precariedad, la informalidad se vuelve la única opción para llevar dinero a casa.
El dilema no es desaparecer al comercio informal, sino cómo lograr que más personas puedan formalizarse sin que eso signifique una carga imposible. Trámites más ágiles, incentivos fiscales y apoyos de capacitación podrían marcar la diferencia para equilibrar la cancha.
Hoy, en las calles de Durango conviven dos realidades: el comerciante formal que lucha por mantenerse en regla y el informal que busca sobrevivir ante la falta de oportunidades. El reto para las autoridades es construir un puente entre ambos mundos y garantizar que el derecho a trabajar no esté peleado con el derecho a hacerlo en condiciones justas.