Un grupo de extrabajadores de la empresa minera First Majestic Silver denunció haber sido despedido de manera injustificada tras sufrir diversas lesiones durante sus labores. Aseguran que la compañía los obligó a firmar un convenio en septiembre de 2023, bajo presión y sin explicarles claramente su contenido, en el cual se omitía toda mención a riesgos de trabajo, a pesar de que la mayoría presentaba lesiones comprobadas.
"Nos hicieron firmar papeles como si fuera un arreglo legal, y después nos enteramos que decían que nunca tuvimos ningún riesgo de trabajo, cuando muchos estamos lesionados de la columna, cervicales, hombros, piernas? La empresa lo manejó como enfermedad general para no reconocer el daño laboral", expresó uno de los afectados.
Según los testimonios, al menos 75 trabajadores fueron despedidos, la mayoría con afectaciones físicas que requieren atención médica especializada. Sin embargo, desde que terminó el periodo de pensión del Seguro Social, no han recibido ningún tipo de apoyo, ni del IMSS ni de la empresa. "Nos dejaron a la deriva. Ya se nos acabó la pensión por incapacidad y ahora ni siquiera tenemos atención médica, pero tampoco podemos trabajar en otro lado por nuestras condiciones", dijeron.
Los denunciantes aseguran que, mientras a ellos, originarios de la región, se les negó la posibilidad de reintegrarse, otros trabajadores foráneos han sido contratados. "Nos aplicaron una supuesta reestructura, pero en realidad fue una forma de deshacerse de los lesionados. Ya no somos productivos para ellos y nos ven como una carga", señalaron.
Además, advirtieron que la empresa supuestamente pretende despedir a más empleados que presentan lesiones o enfermedades relacionadas con su trabajo. "Esto ya raya en la discriminación por razones de salud. Tenemos documentos, botas con reporte de riesgo, certificados médicos? todo, y aun así se nos cerraron todas las puertas".
Los extrabajadores han buscado apoyo legal e incluso aseguran haber contactado al senador Napoleón Gómez Urrutia, quien, dicen, dio la instrucción de resolver su situación. Sin embargo, el proceso avanza lentamente. "Nos dan largas: primero 30 días, luego 60, ahora 90? y seguimos sin respuesta", reclamaron.
Ante esta situación, decidieron manifestarse públicamente con la esperanza de ser escuchados. "Solo queremos justicia, atención médica y un ingreso para nuestras familias. No pedimos más que lo que por derecho nos corresponde", concluyeron.