La dirigencia estatal de Morena y legisladoras federales exigieron una pronta solución al cierre de las oficinas de la Delegación de Programas para el Bienestar en Durango, las cuales permanecen tomadas por ex trabajadores de la dependencia.
La presidenta estatal del partido, Lourdes García Garay, junto con la senadora Margarita Valdez y la diputada federal Martha Olivia García, advirtieron que este conflicto laboral está afectando la atención a miles de beneficiarios que dependen de los programas sociales del gobierno federal.
Las representantes de Morena señalaron que, si bien el delegado Jonathan Jardines no ha solicitado formalmente su intervención, están dispuestas a fungir como mediadoras para destrabar el conflicto, siempre y cuando ambas partes lo permitan.
El bloqueo de las oficinas comenzó días atrás, cuando exempleados de la Delegación protestaron por despidos que consideran injustificados. Desde entonces, el acceso ha sido limitado y los servicios para adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y madres trabajadoras se encuentran parcialmente suspendidos o reprogramados.
Aunque el delegado federal ha señalado que se mantiene comunicación con oficinas centrales para atender las demandas laborales, no ha emitido una postura pública detallada sobre los avances del diálogo o una fecha estimada para reanudar las operaciones.
Morena subrayó que el bienestar de los beneficiarios debe ser prioritario y que cualquier conflicto interno debe resolverse sin afectar a la ciudadanía. Además, insistieron en que la falta de respuesta oportuna podría agravar la percepción pública sobre el manejo administrativo de los programas sociales.
Mientras tanto, personas que acuden a las instalaciones de Bienestar reportan incertidumbre por la falta de información, así como retrasos en sus trámites y pagos. El llamado de las legisladoras es claro: se requiere voluntad de las partes y una ruta de solución inmediata para evitar mayores afectaciones.
El conflicto se mantiene sin resolución a la fecha y no se ha informado de un posible desalojo ni de negociaciones formales con los manifestantes.