La aprobación de la nueva Ley Federal de Derechos por la Cámara de Diputados, con mayoría del Partido Morena, incluye un impuesto que afectará directamente a los exportadores de ganado. La medida ha generado preocupación en estados como Durango, donde alrededor de 50 mil familias dependen de la ganadería como fuente principal de ingresos, advirtió el diputado federal Arturo Yáñez Cuéllar.
Durante su intervención en la Cámara de Diputados, Yáñez Cuéllar destacó que la ley implica que los productores deberán cubrir un pago adicional del 25 por ciento por trámites relacionados con la exportación de ganado. Según el legislador, la carga económica se suma a otros problemas que ya enfrenta el sector, como las restricciones sanitarias por el gusano barrenador y los controles fronterizos, que han limitado el flujo comercial y generado pérdidas significativas.
"La ganadería en Durango ya enfrenta condiciones complejas por los controles sanitarios y la logística fronteriza. Esta ley impone un costo adicional que las familias no estaban preparadas para asumir", señaló el diputado. El legislador subrayó que la medida podría reducir la competitividad de los productores locales frente a otros estados y países que no enfrentan cargas fiscales similares.
El impacto económico de esta disposición se concentrará principalmente en los pequeños y medianos ganaderos, quienes representan la mayoría de los exportadores en Durango. Además de los pagos adicionales, los productores deberán adaptarse a un proceso administrativo más complejo, lo que podría retrasar las exportaciones y afectar sus ingresos.
El debate en la Cámara baja también ha generado críticas sobre la implementación y la coordinación entre autoridades federales y estatales. Para Yáñez Cuéllar, la medida refleja una desconexión entre la legislación nacional y la realidad del sector ganadero, que depende de la eficiencia de los trámites y del flujo constante de exportaciones para mantener la estabilidad económica de miles de familias.
El legislador hizo un llamado a revisar la ley y a considerar mecanismos que no comprometan la viabilidad de la ganadería en estados donde es un motor económico, alertando que de mantenerse la carga fiscal, se podrían generar efectos negativos en el empleo y la economía local.