Un operativo de alto impacto sacudió el entorno comercial de la Central Camionera de Durango, donde la sombra de la tragedia pasada y los riesgos latentes forzaron una revisión masiva que podría mantener cerrados varios negocios. Autoridades de tres dependencias municipales han dejado en claro que la normalidad no regresará hasta que cada local cumpla con estrictos dictámenes de seguridad, una medida que algunos comerciantes ven con recelo, acusando abandono y una agenda oculta.
El operativo interinstitucional se llevó a cabo este miércoles en todos los locales comerciales ubicados en los alrededores de la Central Camionera. Participaron simultáneamente inspectores de Protección Civil, Salud Pública y la Dirección de Inspectores Municipales, en una acción coordinada que buscó evaluar integralmente las condiciones de operación de cada establecimiento.
El director de Salud Pública, Esteban Aguilar, fue categórico: todos los negocios deberán presentar y cumplir con dictámenes de salubridad actualizados para poder reabrir. Por su parte, el director de Protección Civil, Gustavo Paredes, identificó el principal foco de riesgo: instalaciones eléctricas y de gas deficientes o improvisadas, que representan una amenaza constante de incendio o explosión en una zona de alta concurrencia.
Sin embargo, la voz de los comerciantes pintó un panorama de desconfianza. Arturo Mata, uno de los locatarios afectados, salió al paso de las declaraciones oficiales. Afirmó que, tras el siniestro del flamazo que afectó a varios negocios, las autoridades no han cumplido con los apoyos económicos y logísticos que fueron prometidos para su recuperación.
Mata fue más allá en su crítica, acusando que el operativo actual tiene un trasfondo distinto al declarado. Sostuvo que la verdadera intención es frenar o regular el intenso comercio exterior que se genera alrededor de la central camionera, un punto de alta actividad económica. En lugar de solo inspeccionar, los comerciantes exigen verdaderos apoyos para modernizar sus instalaciones y cumplir con la normativa, señalando que no pueden cargar solos con el costo de una seguridad que es responsabilidad compartida con el municipio.