Padres toman secundaria en demanda de transparencia

El reloj marcaba las siete de la mañana cuando los portones de la secundaria Silvestre Dorador Minchaca, en Durango, fueron cerrados por un grupo de padres de familia y algunos trabajadores. Desde temprano, impidieron el ingreso de alumnos y personal académico, dando inicio a una jornada marcada por la inconformidad y la exigencia de respuestas. El reclamo central: supuestas irregularidades en el manejo de recursos provenientes del programa federal de Bienestar.

Con carteles y cadenas en las puertas, los manifestantes denunciaron la falta de claridad en la administración de los fondos y exigieron la destitución inmediata del director y de la encargada de la subdirección. Según explicaron, en diversas ocasiones han solicitado informes detallados sobre el uso del dinero sin obtener respuestas satisfactorias. "Queremos cuentas claras y que se aclare todo", expresaron los representantes del grupo inconforme, quienes también cuestionaron que el director tenga una doble asignación, como jefe de enseñanza en la Secretaría de Educación y como responsable de la secundaria.

El ambiente fuera del plantel se tornó tenso. Algunos padres respaldaban la toma, mientras otros observaban con molestia el cierre del acceso. Las clases se suspendieron por completo, y el bullicio habitual de los estudiantes fue reemplazado por discusiones y declaraciones cruzadas.

En entrevista, el director de la institución negó las acusaciones. Aseguró que los recursos del programa no son manejados por la dirección ni el personal docente, sino por un comité de padres elegido por ellos mismos. Respecto a la supuesta doble función, explicó que colabora ocasionalmente con la Secretaría de Educación, pero que su nombramiento principal ?y único salario? corresponde a la dirección del plantel. "Estoy dispuesto a que se realice una investigación minuciosa", afirmó, señalando que un equipo de la Secretaría de Bienestar acudirá el martes 21 de octubre para revisar la aplicación de los fondos.

Mientras tanto, la comunidad escolar permanece dividida. Más de la mitad del personal docente no respalda la toma, aunque un pequeño grupo se mantiene en apoyo a los padres inconformes. Ambos bandos coinciden en una sola cosa: la necesidad de una revisión transparente que despeje dudas y devuelva la normalidad a la escuela. Lo que comenzó como una protesta local revela, una vez más, la fragilidad de la confianza en la administración escolar y la urgencia de rendición de cuentas en el sistema educativo.