Pago a proveedores, una deuda que no termina en el gobierno

El retraso en el pago a proveedores por parte del Gobierno del Estado de Durango mantiene la preocupación entre empresarios locales, particularmente por los adeudos que siguen pendientes y que, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ascienden actualmente a 27 millones de pesos, correspondientes a por lo menos 14 empresas duranguenses. El presidente de este organismo, Francisco Esparza Martell, ha señalado que los negocios continúan esperando el dinero por servicios y productos que ya entregaron a las dependencias estatales, sin que las promesas de pago se hayan traducido en transferencias efectivas. Esta cifra corresponde a los adeudos identificados por Coparmex, aunque no representa necesariamente la totalidad de los compromisos pendientes del Gobierno estatal.

El problema no es menor si se considera que anteriormente la Secretaría de Finanzas había reconocido una deuda cercana a los 600 millones de pesos con proveedores de la actual administración. En junio de 2026, el titular de la dependencia, Franklin Corlay Aguilar, informó que se habían abonado alrededor de 200 millones de pesos, aunque reconoció dificultades para avanzar con mayor rapidez debido a la situación financiera del estado y la reducción de participaciones federales. Por su parte, el sector empresarial ha insistido en que hace falta conocer cuánto se debe realmente, desde cuándo están pendientes las facturas y cuándo se tiene previsto liquidarlas.

Pequeñas y medianas empresas las más afectadas

Para los proveedores, principalmente pequeñas y medianas empresas, la falta de pago representa un problema que va más allá de tener dinero detenido. Los negocios deben continuar pagando nóminas, impuestos, renta, servicios, créditos bancarios y la compra de insumos, aun cuando el gobierno no haya cubierto los compromisos adquiridos. Esto provoca problemas de liquidez, obliga a algunas empresas a recurrir a financiamientos para mantenerse operando y limita su capacidad de invertir, contratar personal o incluso cumplir con sus propios proveedores. En consecuencia, el retraso de una dependencia termina afectando a trabajadores, comerciantes y otras actividades económicas que dependen de la circulación de ese dinero.

Incertidumbre al cierre del año

Ante este panorama, el sector empresarial ha exigido al Gobierno del Estado transparentar los adeudos y establecer un calendario de pagos con fechas y cantidades específicas. La preocupación aumenta por la cercanía del cierre de año, cuando las empresas también deben enfrentar compromisos fiscales y laborales. Los empresarios consideran que no es justo que los negocios terminen financiando involuntariamente al gobierno, después de haber cumplido con los servicios y contratos establecidos. Mientras no exista una ruta clara para liquidar los pendientes, los proveedores seguirán enfrentando incertidumbre y el impacto económico continuará extendiéndose más allá de las empresas directamente afectadas.