El presidente del Consejo Estatal Ciudadano, Jorge Mojica Vargas, consideró que el problema de las pandillas y las riñas en las que participan menores de edad es un tema grave que requiere una respuesta más enérgica por parte de las autoridades, con sanciones ejemplares que se mantengan dentro del marco legal, pero que también contemplen la corresponsabilidad de los padres de familia.
Señaló que, aunque las autoridades están atendiendo esta problemática, es necesario revisar los alcances de las sanciones que se aplican a los menores involucrados en este tipo de conductas, particularmente ante los videos que han circulado y en los que se observan riñas con instrumentos punzocortantes, situaciones que ponen en riesgo la vida de quienes participan y de otras personas.
Consideran necesaria la responsabilidad de los padres
Mojica Vargas sostuvo que la sociedad debe reprobar este tipo de comportamientos, pero también es importante que las autoridades actúen con mayor firmeza, siempre respetando los derechos de los menores de edad.
Sin embargo, insistió en que no toda la responsabilidad debe recaer en las instituciones, pues los padres de familia también tienen la obligación de vigilar las actividades de sus hijos, conocer con quién se relacionan, a dónde salen y qué hacen, especialmente cuando se trata de menores que participan en riñas o actos ilícitos.
Consideró que debe analizarse la posibilidad de establecer sanciones para aquellos padres que descuidan la conducta de sus hijos, pues la falta de consecuencias puede generar la percepción de que no pasa nada cuando un menor comete una falta o participa en hechos violentos.
Advirtió que, si no existe algún tipo de responsabilidad para los padres, se corre el riesgo de estimular indirectamente que estas conductas continúen, bajo el argumento de que quienes las cometen todavía son menores de edad.
Piden revisar las sanciones en el Congreso
El presidente del Consejo Estatal Ciudadano consideró que el tema debe ser valorado por el Congreso del Estado, a fin de revisar qué medidas pueden aplicarse para atender este problema sin vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Reconoció que existe una limitación legal cuando se trata de sancionar a menores de edad, por lo que deben buscarse alternativas que permitan generar consecuencias por sus actos, como el trabajo comunitario y otras medidas contempladas dentro de la ley.

Indicó que se trata de un asunto al que no se le ha querido entrar de lleno precisamente por la discusión que implica respetar los derechos de los menores, aunque también existe una exigencia social para que las sanciones sean más fuertes y se evite que estos hechos se repitan.
La prevención requiere participación de la sociedad
Respecto a los programas de la Secretaría de Seguridad Pública para atender el problema de las pandillas, Mojica Vargas reconoció que se trata de una situación complicada y que los resultados no dependen únicamente de las acciones gubernamentales.
Afirmó que, por muy eficiente que sea una autoridad, no podrá resolver el problema si no existe participación de la sociedad y, principalmente, de los padres de familia. Explicó que las instituciones tienen la obligación de actuar y atender los casos, pero no pueden estar detrás de cada joven o de cada familia para vigilar permanentemente su comportamiento.
Por ello, consideró indispensable fortalecer la intervención desde el seno familiar y establecer mecanismos que permitan generar responsabilidad tanto en los menores como en sus padres.
Finalmente, reiteró que debe existir una actuación más enérgica de las autoridades, pues el hecho de que los involucrados sean menores de edad no significa que sus acciones deban quedar sin consecuencias. Sostuvo que es necesario evitar que prevalezca la idea de que no pasa nada cuando participan en actos violentos, ya que esta percepción puede contribuir a que las conductas ilícitas continúen.