Este 4 de julio, el Juez de Control declaró legal la detención del policía estatal Mario Alberto "N", quien está vinculado al accidente vial ocurrido el martes pasado en el cruce del bulevar de la Juventud con prolongación Pino Suárez, donde perdió la vida un joven motociclista. Tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez determinó vincular a proceso al agente y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, durante los cuales el imputado permanecerá bajo arraigo domiciliario como medida cautelar.
El accidente, que conmocionó a la ciudadanía duranguense, ocurrió cuando la patrulla estatal que conducía el oficial habría impactado contra una motocicleta, provocando la muerte instantánea del conductor. Testigos presenciales señalaron que ambos vehículos circulaban a exceso de velocidad y no respetaron las señales de tránsito al momento del impacto.
Durante la audiencia celebrada en los tribunales de Durango capital, el juez consideró que existen elementos suficientes para sostener la probable responsabilidad del agente en los hechos, aunque aclaró que el arraigo domiciliario -en lugar de prisión preventiva- se decretó tras evaluar factores como la antigüedad del imputado en la corporación y su falta de antecedentes penales. Como condiciones del arraigo, el policía deberá presentarse periódicamente ante las autoridades y queda prohibido acercarse a los familiares de la víctima.
La Fiscalía General del Estado informó que continuará con las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente y las posibles responsabilidades penales y administrativas. Entre las pruebas que se analizan se encuentran videos de cámaras de vigilancia cercanas al lugar de los hechos, testimonios de testigos y los resultados de los peritajes vehiculares y toxicológicos.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública estatal inició un procedimiento administrativo interno contra el agente, quien fue separado de sus funciones mientras dure el proceso. Las autoridades aseguraron que no habrá impunidad y que se aplicarán las sanciones correspondientes si se comprueba negligencia en el desempeño de sus funciones.
Mientras tanto, la familia del joven fallecido sigue exigiendo justicia y ha recibido el apoyo de organizaciones civiles que piden una investigación exhaustiva. Este caso ha reavivado el debate sobre los protocolos de actuación de las corporaciones policiales en situaciones de tránsito y la necesidad de mayor capacitación en manejo defensivo para los elementos de seguridad pública.
El siguiente paso en el proceso legal será la audiencia intermedia, programada para dentro de cuatro meses, donde se presentarán las pruebas complementarias y se determinará si el caso procede a juicio. Mientras tanto, el policía imputado permanecerá en su domicilio, bajo las restricciones impuestas por el juez de control.