La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 dejará a los estados con poco margen de maniobra para impulsar obras públicas y programas propios, debido a la concentración de recursos en el Gobierno Federal, además de mantener una elevada asignación de recursos para el pago de intereses de la deuda y proyectos como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, señaló el diputado federal Arturo Yáñez.
El legislador explicó que, en el caso de Durango, los incrementos más importantes identificados en el análisis presupuestal corresponden a dos rubros: 2 mil 800 millones de pesos adicionales en el Ramo 28 y una asignación etiquetada de 2 mil 200 millones de pesos para la construcción de la presa El Tunal 2.
Sin embargo, consideró que estos recursos no compensan la falta de capacidad de los gobiernos estatales para decidir sobre sus propias inversiones, pues gran parte del presupuesto permanece bajo el control de la Federación.
Deuda absorbe recursos que podrían destinarse a obras
Uno de los aspectos que más preocupa, dijo, es el crecimiento de la deuda pública, ya que para 2027 el Gobierno Federal contempla disponer de 1.7 billones de pesos exclusivamente para el pago de intereses, no para cubrir el monto de la deuda.
Yáñez sostuvo que desde la llegada de la llamada Cuarta Transformación al Gobierno Federal, en 2018, el endeudamiento del país ha crecido considerablemente. Como referencia, indicó que la deuda pasó de alrededor de 10 billones de pesos, que atribuyó a las administraciones anteriores del PRI y PAN, a 21.7 billones de pesos actualmente.

Ante este escenario, cuestionó que los 1.7 billones de pesos destinados al pago de intereses no puedan traducirse en mayores inversiones para hospitales, escuelas, carreteras y ampliaciones de infraestructura que respondan a las necesidades de la población.
Consideró que se trata de recursos que podrían tener un impacto directo en la calidad de vida de los mexicanos, pero que ahora se destinan a cubrir los compromisos financieros derivados del endeudamiento federal.
Carreteras dependerán de gestiones ante la Federación
En materia de infraestructura carretera, el diputado señaló que el presupuesto contempla una bolsa general de recursos a nivel nacional, por lo que los gobernadores tendrán que acudir ante la Secretaría de Comunicaciones para gestionar financiamiento destinado al mejoramiento y ampliación de las vías de comunicación.
Esto, explicó, representa una reducción en la capacidad de decisión de los estados, que deberán competir por recursos federales para atender sus necesidades de infraestructura. Aunado a ello, criticó que el presupuesto vuelva a contemplar más de 200 mil millones de pesos para la refinería de Dos Bocas y más de 17 mil millones de pesos para el Tren Maya.
El legislador cuestionó los resultados de ambos proyectos y su rentabilidad para el país. En el caso de Dos Bocas, aseguró que la refinería no produce ni un litro de gasolina, mientras que sobre el Tren Maya señaló que, pese a encontrarse en operación y ser una obra concluida, mantiene una asignación superior a los 17 mil millones de pesos para su mantenimiento y funcionamiento.
A su consideración, este tipo de inversiones representan un gasto que debería revisarse, principalmente cuando estados y municipios enfrentan limitaciones presupuestales para atender sus necesidades.
Cuestiona uso electoral de los programas sociales
Otro de los puntos que señaló fue la asignación de más de un billón de pesos a los programas sociales, monto que consideró elevado y que, desde su perspectiva, podría tener una intención electoral rumbo a los comicios de 2027.
Yáñez acusó que Morena podría utilizar estos apoyos como una herramienta política para influir en el voto de los beneficiarios, al considerar que existe el riesgo de que se condicione la continuidad de los programas a cambio de respaldo electoral. Ante ello, adelantó que los partidos de oposición prepararán una campaña estratégica y de difusión para informar a la ciudadanía sobre el origen y la naturaleza de estos apoyos.
Explicó que el objetivo será dejar claro que los programas sociales no pertenecen a Morena ni pueden ser utilizados como una concesión partidista, sino que son un derecho constitucional aprobado por todos los partidos políticos.
Finalmente, insistió en que los recursos destinados a estos programas deben mantenerse como un derecho para los mexicanos, sin condicionamientos políticos ni electorales, y advirtió que el presupuesto federal debe responder a las necesidades de la población, en lugar de concentrar los recursos en proyectos de infraestructura cuestionados y en el pago de los intereses de la deuda pública.