La polémica en torno a los altos precios de la gasolina dio un giro inesperado tras la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciara sobre el tema, señalando que la responsabilidad recaía en los gasolineros, PROFECO no solo publicó una lista con los nombres de las estaciones con precios elevados, sino que también colocó lonas en sus instalaciones. Estas lonas buscaban desincentivar el consumo, lo que para algunos fue percibido como una medida excesiva.
El señalamiento público generó críticas de empresarios y consumidores, quienes cuestionaron si la acción respetaba los límites de la autoridad reguladora. Aunque las gasolineras mencionadas no estaban infringiendo la ley, el impacto en su reputación fue inmediato. La "quema social" a través de las lonas afectó la percepción de los consumidores hacia esas estaciones, incluso cuando operaban dentro del marco legal.
Curiosamente, este día las lonas ya no están visibles, pero no hay información oficial sobre quién las retiró. Este hecho ha dejado varias interrogantes en el aire, especialmente en torno a los límites de las medidas tomadas por las autoridades para regular el mercado y proteger a los consumidores.
Los dueños de las estaciones afectadas han señalado que esta acción pone en riesgo la confianza empresarial, pues consideran que la PROFECO debería enfocarse en garantizar la transparencia del mercado y no en acciones que afectan la competencia deslealmente. Finalmente estamos en un libre mercado de las gasolinas.
La gasolinera en cuestión continúa operando, dejando la decisión de consumir o no en manos de los automovilistas. Este episodio pone sobre la mesa una discusión importante: ¿dónde debe trazarse la línea entre la regulación gubernamental y la protección de la libre competencia?
En un contexto donde el precio de los combustibles es un tema sensible para la población, acciones como esta pueden tener un impacto duradero en el mercado y la confianza en las instituciones.