Profepa clausura en Cuencamé por daños ambientales ilegales

Por realizar actividades de cambio de uso de suelo forestal sin autorización oficial, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró un predio ubicado en el Ejido General Severino Ceniceros, municipio de Cuencamé, Durango.

El caso ocurrió el pasado 11 de septiembre, cuando inspectores de la dependencia, en coordinación con elementos de la Fiscalía General de la República, realizaron una visita de verificación en la que constataron la remoción de vegetación xerófila en una superficie estimada de 2.93 hectáreas.

La intervención de las autoridades respondió a la sospecha de extracción de material pétreo, en este caso bentonita, recurso que se obtiene del subsuelo y cuya explotación requiere permisos específicos emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Durante la diligencia, los inspectores solicitaron la documentación que acreditara la autorización para el cambio de uso de suelo forestal, sin embargo, no se presentó ningún permiso expedido por la autoridad competente.

Esta omisión motivó la aplicación de una medida de seguridad inmediata, consistente en la clausura total temporal del sitio. Aunque no se localizaron máquinas ni equipos en operación al momento de la revisión, la afectación ambiental ya era evidente por la remoción de la vegetación.

Con base en estos hallazgos, la Profepa inició el procedimiento administrativo correspondiente, al considerar que las acciones detectadas representan un probable delito contra el ambiente y la gestión ambiental. Este tipo de conductas están previstas en el Código Penal Federal y en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, marcos normativos que establecen sanciones para quienes alteran ecosistemas sin autorización oficial.

La Procuraduría destacó que la protección de los recursos forestales es una prioridad y que este tipo de operativos se realizan en conjunto con otras instituciones de seguridad y procuración de justicia para garantizar la observancia de la ley.

En este sentido, la dependencia reafirmó que la remoción de vegetación en terrenos forestales sin los permisos correspondientes constituye un riesgo para la conservación de los ecosistemas, pues altera el equilibrio natural y puede provocar daños de carácter irreversible.

El caso ocurrido en Cuencamé ejemplifica la importancia de que las actividades productivas se desarrollen dentro de los marcos legales establecidos, evitando daños a los recursos naturales.

Con la clausura de este predio y el inicio del procedimiento administrativo, la Profepa busca frenar la explotación irregular de recursos, al tiempo que reitera su compromiso de vigilar que en el país se cumpla la normatividad ambiental para garantizar un desarrollo en condiciones de legalidad y respeto al entorno.