Reforma a la ley de amparo: ¿modernización o restricción a la justicia?

La reforma a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2025 y que entró en vigor el 17 de octubre del mismo año, ha generado un intenso debate en México. Mientras el gobierno federal sostiene que las modificaciones buscan agilizar y modernizar los juicios de amparo, críticos y organizaciones civiles advierten que podrían limitar el acceso a la justicia y debilitar la protección de los derechos humanos.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la redefinición del interés legítimo, que ahora exige que el ciudadano demuestre una afectación real, individual o colectiva, diferenciada del resto de la población, lo que deja fuera casos hipotéticos o generales. Además, se establecen restricciones en la suspensión del acto reclamado, priorizando el interés social y la función del Estado en áreas específicas.

Para agilizar los procesos, los juicios deberán resolverse en un plazo máximo de 90 días tras la audiencia constitucional, con la obligación de usar medios electrónicos para todas las autoridades involucradas. También se introducen limitaciones en materia fiscal, al restringir la procedencia del amparo en actos relacionados con recursos de procedencia ilícita y exigir garantías líquidas para suspensiones en casos fiscales.

El impacto de estas reformas podría ser significativo. En 2024 se promovieron más de 120 mil juicios de amparo a nivel nacional, de los cuales aproximadamente el 18?% estaban relacionados con actos fiscales y administrativos. Expertos advierten que, con los nuevos filtros y restricciones, un porcentaje importante de estos casos podría quedar sin la protección judicial que antes era posible obtener, especialmente para sectores vulnerables que dependen del amparo como instrumento de defensa de sus derechos.

Aunque la reforma busca modernizar y agilizar el sistema judicial, su implementación será decisiva. La medida refleja un intento por limitar abusos, pero al mismo tiempo plantea riesgos sobre la garantía de derechos fundamentales. En los próximos meses se observará si el nuevo marco legal logra equilibrar eficiencia y protección ciudadana, o si se convierte en un obstáculo adicional para quienes buscan justicia.