La regidora Mariana Verduga hizo un llamado directo a los establecimientos comerciales para que cumplan con la Ley Silla, cuya fecha límite de implementación vence el 14 de diciembre. Recordó que la normativa fue aprobada el pasado 17 de junio y que se otorgó un periodo de 180 días para que los negocios adquirieran sillas con respaldo, ajustaran reglamentos internos y garantizaran condiciones laborales mínimas para su personal.
A pocos días de que inicien las sanciones a quienes incumplan, Verduga señaló que todavía existen comercios que no han adecuado sus espacios, pese a que la disposición responde a un tema básico de salud. Subrayó que la ergonomía y el descanso no son beneficios adicionales, sino derechos vinculados al bienestar físico de quienes permanecen durante largas jornadas en atención al público.
La regidora indicó que el objetivo de la ley es evitar que trabajadores y trabajadoras pasen ocho horas o más de pie, una práctica que provoca desgaste muscular, inflamación, dolor lumbar y riesgos a largo plazo. Apuntó que esta problemática se agrava durante la temporada decembrina, cuando las jornadas se extienden y la afluencia en tiendas incrementa la carga laboral.
Verduga advirtió que, aunque algunos negocios han justificado la falta de cumplimiento con argumentos relacionados con costos o afectaciones a la productividad, la normativa no admite excepciones. Afirmó que se trata de un mandato vigente que busca proteger la salud y dignidad en el trabajo. "Es momento de cumplir. Seremos vigilantes del respeto a la ley. No estamos pidiendo nada extraordinario, sino que se respete la dignidad de las y los trabajadores", expresó.
Señaló que el gobierno municipal deberá verificar, a través de inspecciones, que los establecimientos cuenten con las sillas necesarias y que permita a su personal utilizarlas. Agregó que la adecuación no implica cambios estructurales ni inversiones elevadas, sino voluntad para acatar una medida que ya forma parte de la regulación laboral local.
La regidora concluyó que la entrada en vigor de las sanciones representa una oportunidad para fortalecer las condiciones de trabajo en el sector comercial y avanzar hacia prácticas más humanas y sostenibles.