Una epidemia de violencia silenciosa sigue afectando a la población más vulnerable de Durango. De enero a agosto de 2025, se han reportado 649 casos de agresiones contra menores de edad, una cifra alarmante que se acerca peligrosamente a los 800 casos registrados en todo el año 2024. Estos números, proporcionados por Guadalupe Soto, titular del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, revelan una cruda realidad: la violencia contra la infancia no desaparece, sino que persiste principalmente en los espacios donde deberían estar más seguros: sus propios hogares y las escuelas.
La funcionaria estatal es quien ha dado la voz de alarma sobre esta preocupante tendencia. Las víctimas de esta crisis son cientos de niñas, niños y adolescentes duranguenses que sufren diversos tipos de agresión, entre los que destacan la omisión de cuidados y la violencia en el ámbito escolar. Los agresores, en muchos casos, son personas del entorno cercano a los menores, lo que complica aún más la detección y prevención de estos actos.
La forma en que se manifiesta esta problemática es a través de múltiples tipos de maltrato, aunque las autoridades han destacado dos categorías particularmente preocupantes. Por un lado, la omisión de cuidados, qué refleja negligencia en la atención básica que requieren los menores. Por otro lado, las agresiones que ocurren dentro de los planteles educativos, espacios que por ley deberían ser entornos protectores. El hecho de que la violencia se ejerza principalmente en hogares y escuelas indica una ruptura grave en los principales pilares de protección infantil.
Al ritmo que van los reportes, es probable que 2025 supere los índices del año anterior. Los primeros ocho meses del año ya representan el 81% de lo registrado en los doce meses de 2024, proyectando un incremento significativo en la cifra anual si no se logra contener esta tendencia.
Esta distribución geográfica demuestra que se trata de un problema generalizado, no concentrado en una sola región o comunidad. Frente a esta situación, las autoridades han hecho un enérgico llamado a la sociedad para que rompa el silencio y denuncie estos actos. La lucha contra la violencia infantil requiere de la corresponsabilidad entre instituciones, familias y comunidad en general. Cada caso no reportado significa un niño o niña que continúa sufriendo en silencio, por lo que la denuncia se convierte en el primer eslabón para romper el ciclo de violencia y brindarles la protección que por derecho les corresponde.