La regidora Guadalupe de la Parra, representante de Movimiento Ciudadano en el ayuntamiento de Durango, ha exigido agilizar el proceso de aprobación del nuevo **reglamento de tránsito**, cuya propuesta fue presentada hace más de dos años y aún no ha sido validada, a pesar de estar lista para su votación definitiva. La legisladora señaló que esta demora representa un grave riesgo para la seguridad de los ciudadanos, ya que el estado registra altos índices de accidentes viales con consecuencias fatales, situación que podría mitigarse con la implementación de normas más claras y sanciones efectivas.
El proyecto de reforma al reglamento actual ya ha cumplido con los procesos técnicos y jurídicos necesarios, y solo requiere el **aval de la Secretaría del Ayuntamiento** para ser sometido a votación por parte del pleno del cabildo. Sin embargo, según denunció De la Parra, la falta de voluntad política ha mantenido estancada esta iniciativa, a pesar de tratarse de una medida urgente para reducir las muertes en carreteras y calles de la ciudad. La regidora hizo hincapié en que cada día de retraso aumenta la posibilidad de más incidentes, pues el marco legal vigente no responde a las necesidades actuales de movilidad y seguridad vial en la entidad.
El llamado de atención se produce en un contexto donde Durango ocupa lugares preocupantes en estadísticas nacionales de siniestralidad vehicular, con cifras que reflejan la necesidad de modernizar la regulación del tránsito, incluyendo aspectos como límites de velocidad, uso de dispositivos de seguridad y sanciones a conductores negligentes. Aunque no se especificó una fecha concreta para la posible aprobación, la regidora insistió en que el tema debe ser puesto en la agenda prioritaria de las sesiones de cabildo, pues su implementación tardía sigue dejando desprotegidos a peatones, ciclistas y automovilistas.
Las críticas de Tita de la Parra apuntan a una inercia burocrática que frena avances legislativos clave, pese a contar con estudios técnicos y respaldo de especialistas en movilidad. Mientras tanto, organizaciones civiles y familiares de víctimas de accidentes viales han sumado su voz para exigir acciones inmediatas, recordando que la prevención de más muertes no puede esperar a disputas políticas o trámites administrativos innecesarios. El ayuntamiento enfrenta ahora la presión de dar una respuesta rápida ante lo que la regidora calificó como una omisión que pone en juego la vida de los duranguenses día tras día.