La transformación del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango (ISMED) en una Comisión es una decisión equivocada que representa un retroceso en medio de una crisis en la atención de trastornos como la depresión, advirtió la regidora Martha Palencia.
Afirmó que a nivel nacional existe el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones, cuya estructura debe replicarse en los estados. Si bien ya se trabaja en adicciones, señaló que el área de salud mental ha sido debilitada y requiere atención específica, con personal capacitado y con experiencia en el tema.
Palencia criticó que desde hace un año el ISMED comenzó a deteriorarse, especialmente tras la designación de un director que no es psiquiatra, lo que consideró una falta de respeto para los cerca de 50 especialistas que ejercen en Durango. Como fundadora del instituto, expresó que la desaparición del organismo es un golpe serio a la estructura estatal de salud mental.
"Hoy es un día triste para muchos de los que trabajamos por la creación del ISMED. Ojalá el gobernador escuche la voz del gremio psiquiátrico, que ha sido ignorado", señaló.
La regidora también advirtió que la salud mental ha quedado rezagada en las prioridades del sistema estatal. Aseguró que no basta con integrar la atención dentro de una comisión con funciones administrativas, si no se garantiza personal especializado, presupuesto suficiente y estrategias claras de prevención, atención y seguimiento.
El cambio institucional fue confirmado por el secretario de Salud, Moisés Nájera, quien informó que la Comisión estará encabezada por Carolina Herrera. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer una estrategia operativa o si se reforzarán los servicios actualmente disponibles.
Para Palencia, la atención a la salud mental requiere un enfoque integral, con participación activa de profesionales y no decisiones políticas que desconozcan la realidad de quienes enfrentan ansiedad, depresión y otras condiciones.
El gremio médico y especialistas en psiquiatría se mantienen en alerta ante lo que consideran una desprotección institucional en un momento en que los casos de crisis emocional siguen en aumento.