Sanciones por uso ilegal de agua podrían llegar a 5 MDP

En Durango existen alrededor de 20 mil concesiones de agua, entre aprovechamientos de aguas subterráneas, aguas superficiales, descargas de aguas residuales, zona federal y permisos para extracción de material pétreo, informó el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el estado, Roberto Delgado Gallegos.

El funcionario señaló que se desconoce cuántos aprovechamientos podrían operar de manera clandestina, por lo que la dependencia federal ha fortalecido su programa de inspecciones. Adelantó que el año cerrará con 150 verificaciones, de las cuales casi la mitad concluyeron en sanciones. Las irregularidades más frecuentes están relacionadas con la falta de medidores y con extracciones sin permiso.

Delgado Gallegos explicó que las sanciones varían según la gravedad del incumplimiento, pero con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la entrada en vigor de la nueva Ley General de Aguas, el marco jurídico es más estricto. Indicó que las multas pueden alcanzar hasta cinco millones de pesos, además de establecerse penas de uno a ocho años de prisión para quienes incurran en conductas tipificadas como robo de agua o aprovechamientos ilegales.

Subrayó que el endurecimiento de la normativa busca proteger el recurso hídrico y ordenar la actividad productiva en torno al uso del agua, especialmente en regiones donde la disponibilidad es limitada y los mantos acuíferos presentan altos niveles de extracción.

PAN prevé ola de amparos

En otro tema, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Salazar, exhortó a los productores que consideren verse afectados por las nuevas disposiciones sobre aprovechamiento de agua a acercarse al partido para recibir orientación jurídica. Señaló que, si así lo deciden, pueden interponer amparos de manera individual, dado que los colectivos ya no proceden bajo la normatividad vigente.

Salazar indicó que existe preocupación en el sector productivo respecto al impacto que podrían tener los nuevos criterios de regulación y fiscalización. Por ello, afirmó, el PAN ofrecerá acompañamiento legal para que los productores evalúen sus opciones de defensa.