A partir del 1 de enero de 2025, las plataformas digitales internacionales como Shein y Temu han implementado nuevos requisitos fiscales para los usuarios en México. Ahora, al realizar una compra, se solicita el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o la Clave Única de Registro de Población (CURP), con el objetivo de cumplir con las regulaciones tributarias establecidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Esta medida forma parte de las Reglas Generales de Comercio Exterior 2025, publicadas por el SAT, que buscan combatir el contrabando en importaciones, con especial atención en mercancías provenientes de Asia. Como parte de estas disposiciones, a los productos que ingresan de países con los que México no tiene tratados de libre comercio se les aplicará un arancel de hasta el 30%, lo que impactará directamente en los precios finales para los consumidores.
Además, las plataformas digitales que actúan como intermediarias en la venta de bienes o servicios tienen la obligación de retener y reportar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) generados por sus transacciones en México. Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, ahora se exige que los compradores proporcionen su RFC o CURP, lo que permitirá a las autoridades fiscales verificar que los impuestos sean calculados y pagados correctamente.
Las empresas extranjeras que operan en México bajo este esquema también están sujetas a regulaciones más estrictas. Ahora deben presentar declaraciones informativas detalladas sobre sus usuarios y transacciones, lo que les impone una mayor responsabilidad en el cumplimiento fiscal.
Estas medidas han generado incertidumbre entre los consumidores y comerciantes que utilizan plataformas digitales para importar productos, ya que podrían representar mayores costos y trámites adicionales. Mientras tanto, el gobierno defiende estas acciones como una estrategia para fortalecer la recaudación de impuestos y regular las importaciones, evitando la evasión fiscal y garantizando una competencia más equitativa en el comercio internacional.
Las nuevas regulaciones podrían cambiar la dinámica del comercio electrónico en México, obligando a compradores y vendedores a adaptarse a un entorno más regulado y fiscalmente controlado.