La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) obtuvo una sentencia condenatoria contra Aldo Leyhson Cruz Aldama, ex prestador de servicios profesionales de la Secretaría de Educación, por incumplir un contrato de asesoría jurídica externa, lo que generó un detrimento patrimonial de 91,219 pesos. El caso representa un avance en la lucha contra la corrupción y sienta un precedente para quienes utilizan recursos públicos sin cumplir con las obligaciones contratadas.
De acuerdo con la investigación, el ahora sentenciado fue contratado para brindar servicios de asesoría jurídica externa a la dependencia educativa, pero nunca entregó los productos o resultados comprometidos en el contrato, lo que provocó un daño directo a las finanzas públicas. Tras integrar la carpeta de investigación correspondiente, la Fiscalía Anticorrupción llevó el caso ante un Juez de Control, quien evaluó las pruebas presentadas y determinó que existían elementos suficientes para dictar sentencia condenatoria.
En procedimiento abreviado, el juez sentenció a Aldo Leyhson Cruz Aldama a un año de prisión, al pago de una multa a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y a la reparación del daño por el monto señalado. La conducta fue tipificada como abuso de autoridad, prevista en el artículo 332 del Código Penal del Estado de Durango, que sanciona a los servidores públicos que incurren en actos u omisiones que afecten el patrimonio de la administración pública.
La FECCED subrayó que este fallo refleja el compromiso de las instituciones por perseguir y sancionar los actos de corrupción, sin importar la cuantía del daño causado. Asimismo, destacó que la reparación del daño es un componente fundamental de la sentencia, ya que permite resarcir parcialmente el perjuicio ocasionado a las arcas públicas.

Invitan a denunciar actos de corrupción.
La Fiscalía Anticorrupción reiteró su llamado a la ciudadanía a denunciar hechos de corrupción a través de los teléfonos y canales oficiales disponibles. Señaló que la participación ciudadana es clave para detectar irregularidades, documentarlas y llevarlas ante la justicia, y que todas las denuncias son atendidas con confidencialidad y rigor profesional.
Asimismo, la dependencia hizo un llamado a los servidores públicos a conducirse con legalidad, transparencia y eficiencia, y a evitar cualquier acto que vulnere los principios de la administración pública.