El sistema educativo en Durango se encuentra en un momento de transformación profunda, marcado por dos fenómenos centrales que reconfiguran su panorama: un esfuerzo histórico por la homologación salarial del magisterio y una contracción significativa de la matrícula estudiantil. En noviembre de 2024, el Gobierno del Estado anunció una medida sin precedentes: un incremento salarial del 29.5% para los maestros estatales, lo que representó una inyección de 1,007 millones de pesos adicionales al presupuesto educativo. Este esfuerzo financiero, destinado a equilibrar los sueldos con el nivel federal y beneficiar a miles de docentes, buscaba cerrar una brecha histórica de desigualdad. Sin embargo, esta importante conquista laboral se desarrolla en paralelo a un desafío estructural que amenaza la estabilidad del sistema: una migración constante y una pronunciada disminución en el número de alumnos.
Quienes se encuentran en el centro de esta encrucijada son los docentes duranguenses, particularmente aquellos adscritos a la Sección 44 del sindicato magisterial. A pesar del avance en la homologación, persisten diferencias salariales según la región donde se labora. Mientras que en las comunidades serranas los pagos suelen ser más altos debido a diversos incentivos, en la zona conurbada los maestros reciben percepciones menores, lo que genera una disparidad interna que el incremento general no logró eliminar por completo. Además, los profesores enfrentan la incertidumbre laboral que genera la pérdida de alumnos, un fenómeno que pone en duda la permanencia de las plazas en muchas instituciones.
La forma en que se manifiesta esta contracción del sistema es a través de la modificación de la estructura académica en numerosas escuelas. La drástica reducción en la matrícula ha obligado a las autoridades educativas a implementar la reducción de grupos y, en algunos casos, a proceder con la reubicación forzosa de docentes. Este proceso no es uniforme; afecta con mayor severidad a los planteles con baja demanda y a las escuelas ubicadas en zonas rurales, donde la deserción escolar en los grados superiores, como quinto y sexto, es más notoria debido a que los estudiantes adolescentes abandonan las aulas para incorporarse a actividades económicas que apoyen a sus familias.
El momento en que esta problemática se ha agudizado es en los últimos años, como resultado de una combinación de factores entre los que destacan la transición demográfica, los efectos post-pandemia y la migración interna y hacia Estados Unidos. La disminución de la población en edad escolar es un proceso lento pero imparable que ha encontrado en la crisis económica un acelerador potente.
El lugar donde estos desafíos se hacen más palpables es en el territorio duranguense en su conjunto, pero con matices muy claros. La zona conurbada enfrenta la paradoja de contar con maestros con menores percepciones, mientras que las comunidades rurales y serranas, aunque con mejores estímulos salariales, sufren la desaparición de grupos completos por la migración y la deserción. Esta situación plantea un doble reto para las autoridades: consolidar los avances en materia de derechos laborales docentes mientras se diseña una estrategia integral para detener el vaciamiento de las escuelas y adaptar la oferta educativa a una nueva realidad demográfica que parece alejarse cada vez más del crecimiento.