Títulos profesionales digitales: avances y desafíos en la educación duranguense

En Durango, la implementación del Título Profesional Digital representa un avance significativo en la modernización del sistema educativo. Desde 2018, la Secretaría de Educación Pública emite este documento que posee la misma validez oficial que el físico, con mayores medidas de seguridad como firma electrónica avanzada y código QR de verificación. Sin embargo, este progreso enfrenta desafíos particulares en un contexto donde 14 instituciones de educación superior han cerrado o cambiado de administración en los últimos 14 años, principalmente por quiebra financiera y baja demanda académica.

El proceso para obtener la cédula profesional digital requiere que el título haya sido expedido a partir del 1º de octubre de 2018 y que la institución educativa esté autorizada para emitir títulos electrónicos. Cuando la institución ya no existe o ha cambiado de administración, los egresados enfrentan obstáculos burocráticos significativos. En estos casos, deben realizar trámites presenciales en la Dirección General de Profesiones, donde la dependencia se pone en contacto con la institución educativa -si sigue operando- para validar los documentos requeridos.

Este sistema ha generado mayor certeza sobre la validez oficial de los estudios, especialmente entre 2023 y 2025, periodo en que se ha incrementado notablemente el número de trámites digitales. No obstante, casos como el de la Universidad del Valle de Durango (cerrada en 2015) o el Instituto Harvard de Durango (clausurado en 2019) plantean interrogantes sobre la situación de los egresados de instituciones que ya no existen.

La problemática se agrava cuando, como han denunciado estudiantes de la Universidad Politécnica de Durango en redes sociales, se entregan títulos sin validez oficial. Aunque las autoridades educativas estatales han defendido la legalidad de los documentos expedidos, la negativa de la rectoría a ofrecer versiones oficiales genera desconfianza entre los estudiantes.

La transición hacia los títulos digitales es un paso importante en la lucha contra la falsificación documental y agiliza los procesos de certificación. Sin embargo, requiere que las instituciones educativas mantengan sus sistemas actualizados y cumplan con los requisitos establecidos por la SEP. Para los egresados de universidades que han cerrado, es fundamental que las autoridades educativas establezcan protocolos claros que garanticen el derecho a la certificación de sus estudios, independientemente del estatus actual de su alma máter.