Una comitiva representativa de trabajadores de la Secretaría de Salud del estado se ha movilizado para exigir la restitución del Concepto 30, un derecho laboral suspendido que afecta a miles de empleados del sector. Este concepto, establecido en el contrato colectivo de trabajo, consiste en una compensación económica adicional y vacaciones extraordinarias para el personal que desempeña sus funciones en áreas consideradas de alto riesgo para la salud o la integridad física. La desaparición de este beneficio ha generado un descontento generalizado y una sensación de desprotección entre quienes se enfrentan a diario con condiciones laborales potencialmente peligrosas.
Quienes están al frente de esta demanda son los propios trabajadores de la Secretaría de Salud, representados por portavoces como Claudia Soto. Entre los afectados se encuentra personal de laboratorios clínicos, manejo de materiales biológicos, unidades de cuidados intensivos, bancos de sangre y otras áreas donde la exposición a agentes patógenos, sustancias químicas o situaciones de estrés físico y emocional es constante. Muchos de estos empleados, con más de veinte años de servicio, han desempeñado sus labores en estas condiciones sin recibir la compensación que, por contrato, les corresponde, lo que representa una deuda histórica por parte de la institución.
La forma en que se ha desarrollado el conflicto ha sido a través de una protesta pacífica, donde la comitiva de trabajadores acudió a las instalaciones de la Secretaría de Salud para entregar un pliego petitorio y exigir una respuesta formal ante la omisión en el pago de este concepto. El argumento central es que la naturaleza de su trabajo no ha cambiado; por el contrario, la pandemia evidenció los riesgos a los que están expuestos. La eliminación de este beneficio no solo representa una pérdida económica significativa para las familias que dependen de estos salarios, sino que es percibida como una falta de reconocimiento a la labor de alto riesgo que realizan.
El momento en que esta situación ha llegado a un punto crítico es ahora, luego de que el problema se haya arrastrado por más de dos décadas para algunos empleados. La movilización actual responde a la frustración acumulada por la falta de soluciones a través de los canales habituales de diálogo y a la urgencia de regularizar una situación que impacta directamente en su economía y moral laboral. Los trabajadores argumentan que, si su labor es lo suficientemente riesgosa como para requerir protocolos de seguridad especiales, también debe serlo para merecer la compensación establecida.
El lugar donde se concentra esta disputa laboral es en las instalaciones de la Secretaría de Salud del estado, sede de la administración central que tiene la capacidad de resolver el conflicto. Sin embargo, la afectación se extiende a todos los hospitales, centros de salud y laboratorios donde el personal en áreas de riesgo continúa realizando sus funciones sin el incentivo contractualmente acordado. La restitución del Concepto 30 no es solo una cuestión de justicia salarial, sino un asunto de principios que refleja el valor que la institución otorga al bienestar de sus empleados y al reconocimiento de las condiciones excepcionales bajo las cuales muchos de ellos sirven a la salud pública.