Trabajadores del Poder Judicial cuestionan consecuencias de evaluaciones

La implementación de un nuevo acuerdo general que establece evaluaciones periódicas para el personal del Poder Judicial de la Federación generó inconformidad entre trabajadores de esta institución en Durango, quienes no se oponen a ser examinados ni a recibir capacitación, pero sí cuestionan las consecuencias que tendrán los resultados, particularmente porque su permanencia en las plazas de base podría quedar condicionada a estas calificaciones. Karina, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado, explicó que la preocupación radica en que un derecho laboral previamente adquirido ahora pueda estar sujeto a evaluaciones que, además, considera que no cuentan con criterios completamente objetivos. "Evaluar para construir, no para destruir" afirmó. 

Cuestionan cambios a las condiciones laborales

La trabajadora recordó que, con la reforma judicial, el décimo transitorio estableció que no se modificarían las condiciones laborales de quienes ya formaban parte del Poder Judicial de la Federación y contaban con derechos adquiridos. Señaló que la promesa era que los cambios se concentrarían en la elección popular de jueces, magistrados y ministros, sin afectar a la base trabajadora.

Sin embargo, explicó que el acuerdo general publicado en el Diario Oficial de la Federación establece ahora que la permanencia de los nombramientos indefinidos, es decir, las plazas de base, dependerá de evaluaciones periódicas.

Karina aclaró que los trabajadores están de acuerdo con ser evaluados y recibir capacitación, pues consideran que siempre es necesario fortalecer sus conocimientos y mejorar su desempeño. Incluso, señaló que agradecerían que se les proporcionaran los insumos necesarios para realizar sus funciones, ya que actualmente también enfrentan carencias de materiales.

El desacuerdo, insistió, está en que un derecho laboral previamente adquirido quede condicionado a los resultados de un examen y a otros criterios de evaluación que podrían no ser objetivos.

La preocupación está en las consecuencias de las evaluaciones

Karina explicó que uno de los aspectos que más preocupa al personal es que el examen de conocimientos no representa el total de la calificación, pues equivale al 40 por ciento de la evaluación. El resto dependería de otros rubros, entre ellos las valoraciones realizadas por compañeros de trabajo y titulares de las áreas.

Consideró que este mecanismo puede provocar que la permanencia de los trabajadores dependa de simpatías personales o de la percepción que tengan sus superiores y compañeros, en lugar de valorar exclusivamente sus capacidades, preparación y desempeño profesional.

Detalló que, de acuerdo con el esquema planteado, quienes obtengan resultados apenas satisfactorios podrían recibir una constancia de permanencia por un año, mientras que quienes alcancen una calificación más alta tendrían una vigencia de dos años. Esto significa que, incluso quienes cuentan con una plaza de base, tendrían que someterse nuevamente a evaluaciones para garantizar su continuidad.

Advirtió que todas las plazas de oficiales judiciales, actuarios y secretarios estarían sujetas a este mecanismo, lo que genera incertidumbre entre trabajadores que cuentan con antigüedades de hasta 35 años.

La secretaria cuestionó que ahora tengan que demostrar periódicamente su derecho a permanecer en una institución en la que ingresaron mediante procesos de selección y evaluaciones, bajo condiciones laborales que eran distintas a las que se pretenden implementar.

Señalan falta de representación de los trabajadores

Otro de los cuestionamientos es la integración del comité de evaluación, pues, de acuerdo con Karina, no cuenta con representación sindical de los trabajadores. Consideró preocupante que las mismas autoridades que tienen facultades para determinar la permanencia del personal sean también quienes participen en su evaluación.

En este sentido, cuestionó que se pretenda aplicar un esquema de exigencia al personal operativo sin establecer criterios similares para quienes encabezan las instituciones. Incluso, planteó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también deberían someterse a evaluaciones bajo los mismos parámetros.

Como ejemplo, mencionó a la ministra Lenia Batres Guadarrama y retó a que se aplique el mismo examen a los trabajadores y a los integrantes de la Corte, pues aseguró que el personal del Poder Judicial cuenta con una preparación profesional sólida. Destacó que más de la mitad de los trabajadores tienen estudios de posgrado y que la institución se encuentra entre las mejor preparadas a nivel federal.

También manifestó su inconformidad por el nivel de debate que actualmente observa en las sesiones de la Suprema Corte, al considerar que anteriormente los trabajadores seguían las discusiones jurídicas para aprender y fortalecer su preparación, mientras que ahora, desde su perspectiva, la calidad del debate ha disminuido. Señaló que las sesiones son públicas y que cualquier persona puede revisar su contenido.

Buscan diálogo con autoridades federales

La inconformidad se manifestó también en las instalaciones de la Escuela Nacional de Formación Judicial, espacio al que tienen acceso los trabajadores para recibir capacitación y prepararse profesionalmente.

Karina señaló que su intención era dialogar con Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial, antes Consejo de la Judicatura Federal, para exponer directamente sus inquietudes y conocer las razones por las que cambiaron las condiciones bajo las cuales ingresaron a trabajar.

Sin embargo, denunció que las puertas les fueron cerradas y que no se les permitió ingresar para exponer sus planteamientos. Indicó que el funcionario se encontraba en una reunión y que, mientras tanto, aparentemente había decidido escuchar únicamente a los titulares de las áreas.

La secretaria sostuvo que los trabajadores no acudieron a provocar conflictos, sino a solicitar explicaciones. Recordó que todos son profesionistas y abogados, por lo que consideran que el diálogo debe ser la primera vía para resolver las diferencias.

Explicó que en Durango no se optó por realizar un paro desde las primeras horas porque los trabajadores privilegiaron la posibilidad de llegar a un acuerdo mediante el diálogo. No obstante, aclaró que esta inconformidad no es exclusiva del estado, sino que se está replicando en distintos circuitos judiciales del país.

Añadió que no se trata de un grupo de 15 personas, como aparentemente se les habría planteado, sino de aproximadamente 500 trabajadores que buscan ser escuchados y conocer por qué el acuerdo general establece condiciones que, desde su interpretación, contradicen lo dispuesto en el régimen transitorio de la reforma judicial.

Antigüedad y experiencia también están en juego

Karina advirtió que las consecuencias podrían ser especialmente graves para quienes llevan décadas trabajando en la institución, pues sus años de experiencia y preparación podrían quedar en segundo plano frente a un examen del que dependerá su permanencia.

Como ejemplo, señaló que en su caso tuvo que realizar un curso de un año para obtener la oportunidad de acceder a su puesto, mientras que otros compañeros ingresaron hace 30 años, cuando las condiciones eran distintas.

Consideró injusto que ahora se cambien las reglas a mitad del camino y que una situación extraordinaria, como no haber descansado adecuadamente, tener problemas familiares o enfrentar una jornada laboral complicada antes del examen, pueda afectar el resultado de una evaluación que determine su continuidad.

Además, manifestó su preocupación de que estas evaluaciones puedan utilizarse como una herramienta de presión contra aquellos trabajadores que resulten incómodos para las autoridades o que destaquen por expresar inconformidades.

Insistió en que no se trata de evitar la profesionalización ni de impedir que se detecten áreas de oportunidad. Por el contrario, afirmó que la Escuela Nacional de Formación Judicial ya realiza actividades de capacitación y que los trabajadores están dispuestos a seguir preparándose.

Finalmente, reiteró que el problema está en que la evaluación deje de ser una herramienta para mejorar el desempeño y se convierta en un requisito para conservar el empleo, aun cuando se trate de plazas de base obtenidas bajo otras condiciones.

Por ello, los trabajadores permanecerán a la espera de una respuesta del Órgano de Administración Judicial y de la posibilidad de sostener un encuentro con su presidente. Será después de ese diálogo, si finalmente ocurre, cuando acuerden las siguientes medidas que podrían emprender para buscar que se revisen las consecuencias del acuerdo general.

Karina concluyó que la situación representa una preocupación para todos quienes integran el Poder Judicial de la Federación, pues consideran que no es justo que su estabilidad laboral y el sustento de sus familias dependan de evaluaciones periódicas que podrían poner en riesgo derechos adquiridos. Su exigencia, subrayó, no es dejar de ser evaluados, sino que la evaluación sirva para construir y mejorar, no para despedir.