Un grupo de 40 trabajadores de la Secretaría de Bienestar, entre ellos Rufino Benítez Trujillo, facilitador del programa "Sembrando Vida", mantienen desde hace 15 días la toma de las oficinas en Durango para exigir el pago de quincenas atrasadas y protestar por lo que califican como despidos injustificados. Los empleados, despedidos el 14 de mayo sin explicación formal, denuncian hostigamiento laboral y señalan directamente a funcionarios como Dámaris García, su jefa directa, y Jonathan Jardines, a quienes acusan de anteponer intereses políticos a los derechos laborales.
La situación financiera de los trabajadores es crítica: algunos acumulan hasta cinco quincenas sin cobrar, con adeudos que en el caso de cinco facilitadores suman aproximadamente 500,000 pesos. Esta falta de pago ha generado serias dificultades económicas para los afectados y sus familias, quienes exigen una solución inmediata a sus demandas laborales. Los manifestantes han declarado que mantendrán la protesta pacífica hasta que se regularice su situación y se atiendan sus reclamos.
Además del pago de los salarios adeudados, los trabajadores exigen la destitución de los funcionarios involucrados en lo que consideran decisiones arbitrarias y violatorias de sus derechos. El caso ha llamado la atención sobre las condiciones laborales en programas sociales del gobierno, donde según los manifestantes, prevalece un ambiente de incertidumbre y falta de transparencia en los procesos de contratación y despido.
La Secretaría de Bienestar no ha emitido un comunicado oficial que explique los motivos de los despidos masivos ni el retraso en los pagos. Mientras tanto, los trabajadores afectados continúan su protesta en las instalaciones de la dependencia, buscando ser escuchados y que se atiendan sus demandas laborales. Este conflicto pone en evidencia las tensiones en la administración de programas sociales y la necesidad de garantizar los derechos laborales de quienes los operan.
La situación permanece en un punto muerto, con los trabajadores decididos a continuar su movilización hasta obtener respuestas concretas. El caso podría escalar en las próximas días si no se establece un diálogo que permita resolver las demandas de los empleados despedidos, quienes solo piden el cumplimiento de sus derechos laborales básicos.