En Durango miles de personas salen a trabajar todos los días sin la certeza de que, en caso de accidente o enfermedad, tendrán atención médica o podrán ausentarse sin perder su empleo. La falta de seguridad social se ha vuelto tan común que, en muchos sectores, se percibe como una condición "normal" de trabajo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el primer trimestre de 2025 la mitad de la población ocupada en Durango no tenía acceso a seguridad social. Esto representa a más de 420 mil trabajadores sin prestaciones, cifra que en el cierre de 2024 había alcanzado el 50.7 % de la población ocupada. Aunque en abril de 2025 el indicador bajó a 46.2 %, aún significa que casi 390 mil personas trabajan en la informalidad.
La omisión se observa principalmente en comercio, servicios, construcción y actividades agropecuarias, donde predominan micro y pequeñas unidades económicas. En el primer trimestre de 2025, el 25.4 % de los ocupados en Durango trabajaba en negocios informales o por cuenta propia, lo que explica por qué la seguridad social sigue siendo un derecho al que millones no acceden.
Autoridades y especialistas coinciden en que el problema está ligado a tres factores: los costos que representan las cuotas para microempresarios, la falta de inspecciones laborales efectivas y el desconocimiento de los trabajadores sobre su derecho a ser afiliados. En muchos casos, el empleo se acepta sin prestaciones porque la necesidad pesa más que la exigencia de la formalidad.
Trabajar sin seguridad social no solo significa laborar sin prestaciones: implica no contar con atención médica en caso de accidente, perder acceso a incapacidades o maternidad pagada, no generar historial para créditos de vivienda y quedar fuera de un esquema de pensión en la vejez. En términos económicos, es una deuda que termina pagándose con mayor vulnerabilidad y gastos familiares.
La formalización del empleo en Durango es un reto que no se resuelve de un día para otro. Si bien las cifras más recientes muestran un ligero descenso, casi la mitad de la fuerza laboral sigue desprotegida. Garantizar seguridad social no es un favor de los patrones ni un lujo del trabajador: es un derecho básico que busca equilibrar la relación laboral y proteger la dignidad de quienes sostienen la economía del estado.