Los residentes de la colonia El Refugio en Durango enfrentan serias afectaciones debido a las obras de una gasera en el bulevar Domingo Arrieta, que iniciaron en diciembre de 2024 y permanecen inconclusas hasta la fecha. A pesar de que originalmente se prometió que los trabajos concluirían en dos semanas, los vecinos llevan más de cuatro meses soportando las consecuencias de esta construcción que ha alterado significativamente su vida cotidiana.
Las obras han provocado tránsito lento y obstrucciones viales en una de las principales avenidas de la colonia, dificultando el desplazamiento de vehículos y peatones. La situación empeoró cuando, durante los trabajos, se rompió una tubería de agua que generó desabasto temporal para los residentes de la zona. Aunque la construcción fue detenida hace una semana por incumplir el reglamento municipal, la maquinaria pesada y los trabajadores permanecen en el lugar, manteniendo el asfalto dañado y generando acumulación de suciedad.
Los vecinos han expresado su frustración por la falta de supervisión efectiva por parte de las autoridades municipales y el incumplimiento de los plazos establecidos por la empresa gasera. La presencia constante de maquinaria y materiales de construcción no solo afecta la movilidad, sino que también representa riesgos para la seguridad de los habitantes, especialmente niños y adultos mayores que transitan por la zona.
La prolongación de estas obras evidencia problemas en la coordinación entre las empresas de servicios y las autoridades municipales, así como en la aplicación de sanciones por incumplimiento de los reglamentos de construcción. Los residentes exigen que se concluyan definitivamente los trabajos, se repare el daño al pavimento y se restablezca por completo la normalidad en su colonia.
Este caso refleja una problemática recurrente en diversas zonas de la ciudad, donde obras de servicios públicos se extienden beyond los plazos prometidos, afectando la calidad de vida de los ciudadanos. La situación requiere mayor fiscalización por parte de las autoridades y mecanismos efectivos para garantizar que las empresas cumplan con sus compromisos y minimicen las afectaciones a la comunidad durante la ejecución de sus proyectos.