Vecinos del fraccionamiento Acereros rechazan proyecto de Viviendas del Bienestar

En el fraccionamiento Acereros de Durango, residentes han manifestado su oposición al proyecto federal de Viviendas del Bienestar, argumentando que los terrenos destinados para este desarrollo estaban originalmente contemplados para áreas verdes y deportivas. Los vecinos, muchos de los cuales llevan más de 30 años habitando la zona, denuncian el abandono histórico de las autoridades en materia de servicios básicos y urbanización, problema que consideran debería atenderse antes de iniciar nuevas construcciones.

El conflicto surge en un contexto donde tradicionalmente el 80% de las viviendas en Durango se han construido de manera informal, en terrenos no aptos y sin seguir normativas urbanas. Aunque actualmente se busca transitar hacia modelos más regulados, como la vivienda vertical, la implementación de estos cambios genera tensiones con comunidades establecidas.

En el caso específico del fraccionamiento Acereros, el proceso de municipalización iniciado el 27 de junio de 2022 sigue inconcluso debido a observaciones técnicas pendientes. Pese a esta situación irregular, los precios de las propiedades en la zona alcanzan en promedio los 944,388 pesos, con un costo de 6,558 pesos por metro cuadrado construido, valores que los residentes temen puedan verse afectados por el nuevo proyecto habitacional.

A través de redes sociales, los vecinos han expresado su preocupación porque las autoridades prioricen nuevos desarrollos sobre la solución de problemas históricos de infraestructura y servicios en zonas ya habitadas. El proyecto de Viviendas del Bienestar, diseñado para ofrecer opciones accesibles a familias de bajos recursos, enfrenta así el reto de conciliar su objetivo social con las demandas de comunidades establecidas que buscan preservar su calidad de vida y plusvalía.

Este caso ejemplifica los desafíos que enfrenta Durango en su transición de un modelo de crecimiento urbano informal hacia esquemas más regulados y planificados. Mientras las autoridades insisten en los beneficios del nuevo proyecto para familias vulnerables, los residentes exigen que primero se atiendan las carencias acumuladas por décadas en su colonia, incluyendo la conclusión del proceso de municipalización pendiente desde 2022.

El conflicto permanece sin resolver, con vecinos organizados dispuestos a continuar su oposición al proyecto hasta que sus demandas sean atendidas, y autoridades federales y estatales defendiendo la necesidad de ampliar la oferta de vivienda accesible en la ciudad. La situación pone en evidencia la complejidad de implementar políticas habitacionales en contextos urbanos con problemáticas históricas no resueltas.