En México, los videojuegos están a punto de subir de nivel? pero no precisamente en diversión. El Gobierno federal propuso aplicar un impuesto del 8 % a los títulos con contenido violento para adultos, bajo el argumento de que este tipo de entretenimiento genera "efectos sociales negativos". La iniciativa, incluida en el paquete económico 2026, ha encendido los controles de un debate nacional que mezcla economía, cultura y libertad digital.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el nuevo gravamen buscaría "compensar externalidades" y responsabilizar a las plataformas que venden o distribuyen videojuegos de alto impacto visual o narrativo. Sin embargo, lo que para unos es una medida de protección social, para otros representa un golpe directo a una industria que no ha dejado de crecer.
Y es que el gaming mexicano es un gigante: más de 68 millones de personas juegan en consolas, computadoras o teléfonos; prácticamente seis de cada diez mexicanos son gamers. Tan solo en 2022, el sector generó más de 35 mil millones de pesos, según la consultora The CIU. Si el impuesto se concreta, los analistas estiman que la recaudación podría alcanzar cientos de millones de pesos anuales, aunque sin garantías de que ese dinero se destine a políticas de prevención o educación digital.
La polémica, por ahora, divide a todos. Mientras algunos celebran que el Estado asuma un papel regulador frente a los contenidos violentos, otros advierten que se trata de una forma de censura disfrazada de política fiscal. En medio de la discusión, los jugadores y desarrolladores observan con incertidumbre un escenario donde, quizás, la próxima batalla no se libre en línea? sino en los despachos del Congreso.